Traicionar a la CEOE o perder apoyos clave de cara a la configuración de su futuro proyecto político. Es el dilema al que se enfrenta Yolanda Díaz, a las puertas de la apertura del proceso de escucha previo al lanzamiento de su plataforma propia para las próximas elecciones generales. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo se juega el respaldo de la sociedad civil en Cataluña y País Vasco si no atiende a las demandas de los socios de la coalición en la tramitación parlamentaria de la reforma laboral y opta por acercarse a Ciudadanos para sacar adelante el texto pactado con los empresarios, que exigen taxativamente que no se altere el contenido.
Ni a los republicanos catalanes, ni a los abertzales, ni a los nacionalistas vascos les gusta el real decreto ley que aprobó el último Consejo de Ministros del año y que ya está en el BOE. Quieren poner más trabas al despido y modificar la estructura de la negociación colectiva para priorizar el convenio autonómico. Pero el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha amenazado con bajarse del acuerdo tripartito si se toca una sola coma del texto pactado y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha advertido a las distintas fuerzas políticas del Congreso de los Diputados de que las negociaciones que se abran durante la tramitación parlamentaria de la norma partirán del respeto al acuerdo alcanzado con los agentes sociales.
Este punto de partida complica -y no poco- el futuro de Yolanda Díaz. La vicepresidenta era partidaria de negociar discretamente con sus socios parlamentarios sobre la reforma laboral, pero Sánchez ha dado orden de dejar el texto tal y como está, aunque para ello haya que buscar apoyos fuera de la 'mayoría de investidura'. Lo hizo durante el Consejo de Ministros del martes y el cambio de tono de Díaz fue evidente: en una entrevista radiofónica que concedió el lunes por la noche, preguntada al respecto de si el texto pactado con la CEOE era susceptible de modificaciones, la ministra se mostró partidaria de "dejar que las fuerzas políticas hagan su trabajo". Apenas horas después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, daba un giro a su discurso para admitir que la "vocación" del Gobierno es que la norma "permanezca como está".
El mandato que trasladó Sánchez a su vicepresidenta en el cónclave gubernamental lo hizo público este miércoles durante su comparecencia de balance de final de año. Preguntado reiteradamente por la posibilidad de modificar el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos para satisfacer las demandas de sus aliados parlamentarios, el presidente insistió una y otra vez en que es "de sentido común" que el poder legislativo respete el texto consensuado en la mesa de diálogo social y convalide el real decreto ley tal y como está ahora en el BOE. En esta línea, el jefe del Ejecutivo llamó a todas las fuerzas políticas a apoyar una reforma que es "equilibrada" y "trasciende las ideologías" y, en un alarde optimista, se mostró convencido de que será respaldada por una "amplia mayoría" del Parlamento.
El portazo de Sánchez no ha sentado nada bien a los socios parlamentarios, especialmente a ERC y EH Bildu -el PNV ha optado por mantener un perfil bajo-, que advierten en privado de que Yolanda Díaz se juega apoyos fundamentales en Cataluña y Euskadi a su futuro proyecto político si cierra la reforma laboral con Ciudadanos. Y es aquí donde se abre el gran melón. Los de Inés Arrimadas podrían tener la llave de la reforma laboral si los socios habituales no rebajan sus demandas y Sánchez tiene que volver a tirar de aritmética parlamentaria variable. Esta opción no gusta en Unidas Podemos, donde muestran sus reservas ante la posibilidad de que una de las reformas más importantes de la legislatura, promovida por su ministra de Trabajo, salga adelante con el apoyo de los liberales.
Ciudadanos ya ha mostrado su respaldo parlamentario al Gobierno en varias ocasiones, como, por ejemplo, en las prórrogas de los estados de alarma o de los ERTE pandémicos. Pero, en esta ocasión, su connivencia dejaría en una posición muy delicada a Yolanda Díaz, que vería peligrar importantes apoyos de la órbita de los republicanos catalanes y los abertzales vascos cuando está a punto de arrancar su particular proceso de escucha a la sociedad civil por toda la geografía española para recoger aportaciones y elaborar una propuesta programática en base a la cual articular una candidatura para 2023. La laboral no es una reforma cualquiera y por eso los aliados parlamentarios se muestran inamovibles en sus reivindicaciones para endurecer una norma que han calificado de "humo".
Los de Arrimadas, conscientes de que pueden ser decisivos en este momento de la legislatura, se han mostrado dispuestos a hablar con el Gobierno sobre la reforma laboral, pero también han advertido de que hay cosas que no les gustan y solo negociarán su voto favorable si se les aceptan enmiendas. Pero por lo mismo que Sánchez no puede considerar las demandas de sus socios habituales, tampoco podría admitir las de Ciudadanos: por respeto al acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos. La encrucijada no es baladí y augura una tramitación parlamentaria harto compleja durante el mes de enero. Alguna de las partes tendrá que ceder, pues están en juego 12.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios