El Gobierno intensifica los contactos con la Comisión Europea, cuando apenas faltan cinco días para que el Consejo de Ministros dé el visto bueno definitivo al Plan de Recuperación, que se va a enviar a Bruselas ya en el tiempo de descuento (la fecha límite es el día 30 de abril). La emisaria en esta ocasión es la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que viaja este jueves a la capital belga, donde se ha citado con autoridades europeas de máximo nivel en materia económica para explicarles el paquete de reformas español, en pleno atasco del diálogo social sobre dos de las principales materias, como son el mercado laboral y el sistema de pensiones, y con la reforma fiscal en el aire. La responsable de las políticas laborales llega, así, con las manos vacías, a vender lo que entre los agentes sociales se empieza a definir como su "política de hechos consumados".
Díaz está este jueves en Bruselas acompañada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Es el mismo equipo con el que pisó la capital belga por primera vez como ministra de Trabajo, el pasado 17 de diciembre. En esta ocasión lo hace ya como vicepresidenta tercera del Gobierno y se reúne con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo del Euro y del Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, uno de los principales responsables en materia económica que evaluará el paquete de reformas español para acceder a los fondos de reconstrucción. En la agenda también tiene un encuentro con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.
La reunión con Dombrovskis es clave. Hace apenas tres semanas, el vicepresidente de la Comisión advirtió de que la primera prioridad del plan español debe ser una reforma laboral "integral y ambiciosa", con vistas a "abordar con seriedad la dualidad del mercado laboral y los altísimos niveles de desempleo juvenil". Sobre el papel, eso es lo que se prioriza en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha colocado estos aspectos como los más urgentes. Pero la realidad es que Díaz ha decidido empezar el diálogo social por la modificación de los puntos de la reforma laboral relativos a la negociación colectiva, para reequilibrar la balanza hacia el lado sindical, provocando un encontronazo con la patronal que imposibilita un acuerdo a corto plazo.
Dombrovskis también ha puesto el foco en las políticas activas de empleo, "ya que su aplicación no ha funcionado bien hasta ahora y serán cruciales para ayudar a los trabajadores y a las empresas en el proceso de transformación económica" que Bruselas quiere poner en el marcha con el plan de recuperación. Por eso, Díaz ha acelerado en esta materia, anunciando 3.500 millones de euros para una reforma estructural que, sin embargo, no cuenta por el momento con el visto bueno de la patronal y los sindicatos, según fuentes del diálogo social, y tampoco tienen la aprobación de las comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial y el Consejo General de Empleo no se celebrarán hasta el día 28, pero la vicepresidenta quiere llevar algo de contenido a la reunión con Dombrovskis. "Están presionando mucho porque tienen una prisa extraordinaria por el miedo a quedarse sin acceso a los fondos europeos", esgrimen fuentes inmersas en las negociaciones.
Yolanda Díaz trasladará también a las autoridades europeas su firme compromiso con el diálogo social. Así consta en el Plan de Recuperación, negro sobre blanco: "Con el fin de asegurar un amplio consenso y su permanencia a largo plazo, el programa de reformas se desplegará con un diálogo permanente con los agentes sociales, que están mostrando una vez más una actitud responsable, constructiva y comprometida para contribuir de forma proactiva en este proceso". Esa contribución ha dado sus frutos en el último año, con la aprobación de medidas de calado como la regulación del trabajo a distancia o de la relación laboral de los repartidores de plataformas digitales (riders), además de sucesivos acuerdos para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Y ese es el principal aval de Díaz.
Sin embargo, en esta ocasión, el pacto se antoja difícil, especialmente por el lado de la patronal. La CEOE ha hecho una enmienda a la totalidad a la reforma planteada por Trabajo en esta primera fase, advirtiendo de que, de llevarse a cabo, afectaría negativamente al crecimiento económico y al empleo y restaría competitividad y confianza inversora en un momento de grave crisis económica en el que resulta imprescindible aplicar políticas que impulsen la recuperación. Los empresarios cuestionan que las reformas planteadas por Díaz se alejan de las recomendaciones de Bruselas y defienden que la UE ha puesto en valor la reforma laboral de 2012, así como la necesidad de dotar de herramientas de flexibilidad interna y adaptabilidad a las empresas, en la dirección contraria de las reformas planteadas.
La CEOE ha marcado aquí su línea roja: solo negociarán reformas dirigidas a eliminar las patologías del mercado laboral español, como las altas tasas de desempleo estructural, de larga duración y paro juvenil o la excesiva temporalidad, y a fomentar la flexibilidad del tiempo de trabajo. Aunque es cierto que todas ellas han sido incluidas en el Plan de Recuperación que se someterá al examen de la Comisión Europea, ninguna aparece en el primer borrador que Trabajo ha puesto sobre la mesa de diálogo social, en lo que ha bautizado como "propuesta de modernización de las relaciones laborales". El punto de partida, por tanto, dibuja un escenario de difícil acuerdo en un futuro próximo, lo que complica a su vez las negociaciones con la UE.
En el texto del Plan de Recuperación, no obstante, el Ejecutivo salva este obstáculo al establecer que los dos enfoques de reformas -el planteamiento de Bruselas, que defiende Calviño, y las modificaciones del marco de relaciones laborales, que impulsa Díaz- se negociarán con los agentes sociales "en paralelo". Lo "más urgente", dice el documento, es asegurar la empleabilidad de los colectivos más afectados por la pandemia y reducir el paro (especialmente el juvenil), modernizando el SEPE y manteniendo un modelo "transitorio" de ERTE hasta finales de año que impulse la reincorporación de trabajadores. A la vez, se negociarán las reformas "de mayor calado", a saber: la simplificación de contratos, el nuevo mecanismo de ERTE, la modernización de la negociación colectiva, la regulación de las subcontratas y la revisión de bonificaciones.
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