Miércoles, 4 de marzo de 2020. Los contagiados de coronavirus en España cabían en un Boeing 737 y solo había que lamentar dos fallecimientos a causa de la enfermedad Covid-19 en todo el país. El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, sostenía en público que la situación sanitaria se encontraba en fase de "contención". Las mascarillas se veían como un complemento oriental, extraño e innecesario y el Gobierno todavía no se planteaba el estado de alarma ni el confinamiento de la población. Y entonces, a contracorriente, el Ministerio de Trabajo publicaba una guía de actuación en el ámbito laboral que hacía saltar todas las alarmas en Moncloa: Yolanda Díaz ponía negro sobre blanco la posibilidad de cerrar empresas por decisión de los trabajadores ante el riesgo de contagio. Un año después, los acontecimientos parecen haber dado la razón a la ministra.
¿Fue Yolanda Díaz la primera que vio venir la gravedad de la crisis sanitaria? Mientras el Ejecutivo en bloque minimizaba el impacto de lo que hoy se ha convertido en una gravísima pandemia mundial, con 69.142 muertos en España, según las cifras oficiales, la ministra de Trabajo editaba la 'Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus'. El documento, que aún puede consultarse en la web del Ministerio, constituía una recopilación de la normativa laboral y de los procedimientos que podrían adoptarse en las empresas ante el riesgo de contagio de "un virus desconocido anteriormente en la patología humana", partiendo de la base de que "las medidas de aislamiento, en los casos investigados, constituyen la primera barrera de protección tanto para la persona trabajadora afectada como de las restantes susceptibles de contacto con la paciente".
La guía planteaba una serie de medidas preventivas, incluido el teletrabajo como opción organizativa y la suspensión total o parcial de la actividad por expediente de regulación de empleo. Pero la medida más polémica consistía en la paralización de la actividad por decisión no solo del empresario, sino también de los trabajadores, en base a la Ley de prevención de riesgos laborales, y rezaba así: "En caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio por coronavirus (...) también las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo". El revuelo que causó este párrafo fue sonoro en las patronales CEOE y Cepyme, que acusaron a la ministra de generar "alerta y confusión" y de no haberles consultado antes de publicar la guía, extremo que también denunciaron los sindicatos CCOO y UGT.
De puertas adentro tampoco cayó bien el texto publicado por Trabajo. El centro de poder de la Presidencia del Gobierno lanzaba un inusual comunicado que en algunos ámbitos se interpretó como una desautorización a Yolanda Díaz: "En España, todo el Gobierno sigue las indicaciones concretas del Ministerio de Sanidad, que se basan en un seguimiento constante de la situación, transparencia informativa, toma de decisiones de acuerdo a la evidencia científica y coordinación total entre las distintas administraciones del Estado". Desde Trabajo negaron cualquier tipo de desautorización y quitaron hierro a la publicación unilateral de la guía, justificando que solo suponía una compilación de la normativa laboral. "Seamos cautas, no está pasando nada", declaraba la propia ministra en un intento de lanzar un mensaje tranquilizador tras el revuelo generado.
Pero poco duró la calma -tensa, en cualquier caso-. Ese mismo fin de semana se celebraban, entre otros eventos multitudinarios, como un mitin de Vox en el Palacio de Vistalegre, numerosas manifestaciones por el Día de la Mujer en toda España. Y el lunes el Gobierno cambiaba la marcha para admitir la emergencia sanitaria, con los primeros contagios de políticos (Javier Ortega Smith, Ana Pastor o la ministra de Igualdad, Irene Montero). Yolanda Díaz, por cierto, no acudió a la manifestación del 8-M porque, como cada año, el día le coincide con una fecha señalada en el ámbito familiar, recuerdan fuentes de su equipo. En cualquier caso, la situación se fue complicando y el sábado siguiente, 14 de marzo, un Consejo de Ministros extraordinario decretaba el estado de alarma en España.
Y entonces, el caos. El Gobierno limitó la movilidad a actividades de primera necesidad, tales como compras de alimentos o medicamentos, asistencia a centros sanitarios o entidades financieras, retorno a la residencia habitual o asistencia a personas vulnerables. Y también exceptuó los desplazamientos al lugar de trabajo. Pero entonces las empresas no eran entornos seguros, porque la mayoría no disponían de los equipos de protección necesarios. La curva de contagios se disparó y el Ejecutivo tomó la decisión de paralizar toda actividad económica no esencial. España, cerrada, en una decisión sin precedentes que, en definitiva, venía a aplicar el planteamiento que contenía la guía del Ministerio de Trabajo: "Las medidas de aislamiento constituyen la primera barrera de protección tanto para la persona trabajadora afectada como de las restantes susceptibles de contacto con la paciente".
Conflictos en las empresas
Finalmente, una buena proporción del tejido productivo acabó echando el cierre temporal por decisión gubernamental durante un par de semanas. Pero numerosos negocios siguieron funcionando, en el ámbito privado y en el sector público, generando importantes conflictos entre empresarios y trabajadores. Un caso sonado fue el de Correos. Los trabajadores de la empresa pública denunciaron la falta de equipos de protección individual e hicieron un llamamiento a la Inspección de Trabajo para que acudiera a los centros a revisar las condiciones laborales. Algunos se negaron, incluso, a abrir oficinas, ante el riesgo existente de contagio. A día de hoy, un año después, desde los sindicatos siguen denunciando la ausencia de medidas de protección laboral en la empresa. Según datos oficiales, con una plantilla de unos 51.000 trabajadores, hay cerca de 2.500 positivos confirmados por test, más de 1.300 casos sospechosos y unos 9.600 aislados en cuarentena.
Aunque el teletrabajo sigue siendo la opción preferente -así se recomienda en la 'Guía de actuaciones de respuesta coordinada' para los niveles de alerta 1, 2 y 3- la gran mayoría de las empresas han optado por recuperar la actividad presencial en las oficinas. La curva de contagios de esta tercera ola va bajando y el futuro de la pandemia se ve con cierto optimismo ante el avance de la vacunación. Pero lo cierto es que las medidas de seguridad y salud en el trabajo pasaron a un segundo plano según se fue agravando la crisis económica. Yolanda Díaz afirmaba el 4 de marzo de 2020, tras la publicación de su controvertida guía, que la salud es "el bien principal" en una democracia, sin embargo, las medidas adoptadas desde el Ejecutivo se han centrado en los últimos meses en la protección económica de empresas y trabajadores. Todas ellas, eso sí, nacidas del periodo más intenso de diálogo social en la historia de las relaciones laborales en España.
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