El Consejo de Ministros da el visto bueno este martes a la que será la última prórroga de los ERTE pandémicos. El Gobierno quería acabar ya con las medidas extraordinarias contra la Covid, pero la patronal y los sindicatos han conseguido que se habilite una pasarela de un mes adicional para facilitar el tránsito a los nuevos mecanismos de flexibilidad interna que incorpora la recién aprobada reforma laboral. Con este paso, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da carpetazo a dos años de políticas de crisis y apuntala el despliegue de su agenda y de su proyecto político propio con la mirada puesta en el proceso electoral de 2023.
El Gobierno quería 'matar' ya los ERTE pandémicos o, lo que es lo mismo, las medidas extraordinarias de protección de empleo, con exoneraciones de cotizaciones sociales especiales para las empresas y prestaciones mejoradas para los trabajadores que se habilitaron con el estallido de la crisis de la Covid 19 para evitar una sangría en el mercado laboral. Pero el frenético inicio de año, con la aprobación de la reforma laboral y la subida del salario mínimo, impidió abordar el asunto en la mesa de diálogo social hasta la semana pasada y patronal y sindicatos exigieron un mes de margen para adaptarse al nuevo marco, ante la imposibilidad de reconvertir los ERTE vigentes antes del 28 de diciembre, que es cuando caduca la prórroga actual.
Las organizaciones empresariales y sindicales coincidieron en el primer encuentro, celebrado el pasado jueves, en demandar al Gobierno que prorrogue un mes más el esquema actual para evitar el caos. Uno de los argumentos empleados por patronal y sindicatos fue que los ERTE han sido una de las políticas estrella de los últimos dos años y el Ejecutivo se equivocaría al exterminarlos de manera abrupta. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social -Díaz pilota esta política de la mano de José Luis Escrivá- tomaron nota de la demanda conjunta de los agentes sociales y en la reunión de este lunes accedieron a habilitar esa prórroga de un mes. De modo que el periodo transitorio se extenderá hasta el 31 de marzo, que será cuando finalice la séptima y última prórroga de los ERTE Covid.
Con este movimiento, Díaz cierra un capítulo en su agenda. La extinción de los ERTE pandémicos -una de sus medidas estrella- tras dos años de vigencia, coincidirá con la finalización de la vacatio legis habilitada en la reforma laboral para que las empresas adapten sus contratos al menú de la nueva legislación. De este modo, será a partir de entonces cuando la reforma laboral pactada en la mesa de diálogo social empiece a desplegar plenamente sus efectos. Y eso que los registros estadísticos de Trabajo y Seguridad Social ya están empezando a reflejar un cambio de tendencia en lo que se refiere a la contratación, con una mayor tendencia hacia el empleo indefinido y una menor proporción de trabajadores temporales, así como de relaciones laborales de muy corta duración.
La vicepresidenta encara la segunda parte de la legislatura con vistas a las elecciones de 2023. Consiguió aprobar la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, aunque fuera de carambola, y ese hito es clave, porque la propia Díaz ha admitido que, de no haber salido adelante su ley estrella, se planteaba dimitir de su cargo. También ha conseguido sacar adelante una nueva subida del salario mínimo interprofesional, aunque sea sin el respaldo de los empresarios, ya que solo la apoyaron los sindicatos. La medida también será aprobada en el Consejo de Ministros de este martes. Y ahora es el momento de lanzarse al proceso de escucha que está llevando en la más absoluta discreción y del que se va a nutrir su proyecto político propio.
Las subidas del salario mínimo son una buena carta de presentación de Yolanda Díaz, que las ha peleado en el Consejo de Ministros. Ahora espera que la reforma laboral empiece a traducirse de manera tangible en una reducción de la tasa de temporalidad que sitúe a España en la media de los países del entorno europeo, algo que todavía llevará meses. Pero el ritmo no para. En su agenda más inmediata está la implantación de una ley para ahondar en las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar para trabajadores con hijos y cuidadores, que incorporará fórmulas de trabajo flexible y nuevos permisos y ayudas económicas. Está previsto que próximamente ponga la propuesta sobre la mesa de diálogo social.
En la mochila de Díaz también lucen reformas como la ley que regula el trabajo a distancia o la normativa que garantiza los derechos laborales de los repartidores de plataformas digitales, los conocidos como riders, así como el despliegue de los planes de igualdad en las empresas. Se trata de avances sociales que la vicepresidenta va a vender de cara a la segunda etapa de la legislatura, en la que en paralelo a su labor gubernamental en la coalición va a construir su proyecto político propio con aportaciones de diversos colectivos del mundo económico, social y cultural del país. "Toca una reflexión profunda. La ciudadanía que quiere cambios y exige ambición de transformación está ahí esperando. Solamente tenemos que mirar al lugar correcto y estar a su altura", comentaba tras constatar el hundimiento de Unidas Podemos en las elecciones de Castilla y León.
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