Estatuto del Becario

Díaz fija para las empresas la misma cuota de mujeres y hombres becarios

El nuevo borrador contempla bonificaciones en las cotizaciones empresariales, así como la posibilidad de realizar prácticas no presenciales hasta un máximo del 50% de la duración total, entre otras novedades.

Yolanda Díaz
Díaz fija para las empresas la misma cuota de mujeres y hombres becarios
Europa Press

Importantes novedades en el borrador del Estatuto del Becario que está negociando el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales. La última versión del documento, al que ha tenido acceso La Información, impone a las empresas el requisito de contar con el mismo número de mujeres que de hombres entre las personas que incorporen para desarrollar sus prácticas. Esta cuota de igualdad en las 'plantillas' de becarios constituye uno de los apartados más novedosos del nuevo texto, que también establece por primera vez bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social o la posibilidad de realizar prácticas no presenciales hasta en un 50% de la duración total de las mismas, entre otras novedades.

En concreto, el borrador determina que "las empresas procurarán una presencia equilibrada entre hombres y mujeres cuando incorporen a personas que desarrollen formación práctica, especialmente en aquellos departamentos que presenten una menor representación de alguno de los sexos entre las personas trabajadoras". Es la primera vez que se introduce esta imposición en la negociación, que el departamento que dirige Yolanda Díaz añadió al texto tras la reunión celebrada con la patronal y los sindicatos el pasado 8 de junio. Y supone una importante novedad, ya que en la actualidad las empresas pueden contar con tantas personas en formación práctica como necesiten, independientemente de su género.

El bautizado como 'Estatuto de las personas en formación práctica en el marco de la empresa', también conocido como 'Estatuto del Becario', va tomando forma. Para empezar, añade por primera vez las prácticas extracurriculares que se desarrollen durante los estudios de grado y máster universitarios. "Se entenderán incluidas las tareas formativas que se exijan para la obtención de los títulos propios de las universidades que alcancen o superen 60 créditos ECTS, siempre que la duración de las prácticas, en su conjunto, no supere el 20% del tiempo del total de créditos de la titulación en cuestión", recoge el texto, que todavía está en formato borrador.

Entre otras novedades, el Ministerio ha añadido un apartado breve pero contundente que establece que "no podrá exigirse el abono de cuantía o contraprestación alguna por parte de las personas estudiantes para el acceso a la formación práctica en el ámbito de la empresa". Con esta concisa prohibición, Trabajo pretende acabar con un fraude que prolifera cada vez más, la fórmula de 'pagar por trabajar' -por ejemplo, captando estudiantes en prácticas a través de matriculación en cursos propios- que han venido denunciando los sindicatos insistentemente en los últimos tiempos.

El Ministerio de Trabajo quiere acabar con el fraude de 'pagar por trabajar'

También aparece por primera vez que las actividades formativas de carácter práctico podrán desarrollarse en varios centros, en caso de que la empresa disponga de varias sedes, y que el centro podrá modificarse durante el desarrollo de la formación siempre que existan "razones justificadas y objetivas de carácter formativo" y que no suponga "una variación sustancial del convenio o acuerdo". Y además matiza que "en ningún caso este cambio podrá suponer para la persona estudiante costes relacionados con su actividad formativa en la empresa".

Otro apartado novedoso es el que prevé el desarrollo de formación práctica en modalidad no presencial en los supuestos en los que el tutor o tutora realice trabajo a distancia, sin que esa modalidad pueda superar el 50% de la duración total prevista. El borrador mantiene como derecho de los becarios la obligación para la empresa o entidad en la que se realicen las prácticas de compensar los gastos de desplazamiento o manutención, aunque matiza que cuando la formación sea remunerada y la cuantía sea suficiente para cubrir todos los gastos en los que incurra la persona en prácticas "la compensación de gastos se entenderá resarcida".

Otro punto incorporado por el Ministerio para plasmar en el texto las aportaciones de los agentes sociales es el derecho de los becarios y becarias a ausentarse de la actividad formativa para la asistencia al médico, así como la interrupción temporal del periodo de prácticas por atención a responsabilidades de cuidados y por enfermedad o accidente. Asimismo, se amplía el apartado de protección de la salud para incorporar la información obligatoria sobre prevención de riesgos y protección frente a la violencia y acoso, incluida la violencia y el acoso sexual y por razón de sexo.

Límites en la plantilla

Respecto a uno de los apartados que más interesa a los empresarios, se mantiene el límite máximo de becarios que puede haber en las empresas en función del tamaño de las mismas: una persona en formación en empresas de hasta 10 trabajadores; dos personas en prácticas en compañías de entre 11 y 30 empleados; tres becarios en empresas de entre 31 y 59 trabajadores; y un máximo del 5% de la plantilla en compañías de más de 60 empleados. Además, se incorpora al texto un apartado que establece que las empresas podrán financiarse el coste de la realización de las actividades de tutorización de las prácticas mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, "en las cuantías máximas y trámites y requisitos a cumplir por las empresas que se establezcan legalmente".

El Ministerio de Trabajo, que lleva esta negociación con el de Seguridad Social (responsable del apartado de cotizaciones) tiene previsto aprobar el real decreto en breve para su entrada en vigor el próximo curso y el borrador determina que los convenios vigentes deberán adaptarse a la nueva normativa antes del 31 de diciembre de 2022. También establece que en el plazo de seis meses se regulará el "observatorio de las prácticas formativas en la empresa", en el que participarán las organizaciones sindicales y empresariales. Y fija que, en todo caso, todos los acuerdos o convenios para la formación práctica permanecerán a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que vigilará su cumplimiento.

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