Ganada la primera contienda, la de subir el Salario Mínimo Interprofesional en 2021, con el respaldo definitivo de Moncloa y los sindicatos a elevar el suelo salarial de la normativa española de 950 a 965 euros (un 1,6%) con efectos desde el 1 de septiembre, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se apresta a librar la batalla definitiva, la que debe llevar el SMI hasta el 60% del salario medio nacional en lo que queda de legislatura. Con la definición de la cuantía exacta que llevaría al cumplimiento de ese objetivo en el aire, dentro de la horquilla de entre 1.011 y 1.049 euros definida por los expertos, Díaz ya ha empezado a maniobrar para reforzar sus argumentos y tratar de llevar la referencia lo más lejos posible.
El Ministerio de Trabajo acaba de encargar a la investigadora de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica, miembro del comité de expertos sobre el Salario Mínimo impulsado desde el Ministerio y experta en análisis socio económico y mercado laboral, un informe sobre los potenciales beneficios sociales derivados de las subidas del SMI, según han confirmado a La Información fuentes del Ministerio. Los efectos sobre la desigualdad, la equidad o la exclusión social de esta política es uno de los ángulos muertos del controvertido estudio que hace unos meses publicó el Banco de España - como se reconocía en el propio informe - y también uno de los principales argumentos en los que se apoyan los defensores de las subidas del Salario Mínimo para defender su importancia capital como instrumento de política redistributiva y lucha con la desigualdad.
El asunto es que mientras los escépticos disponen del informe del Banco de España para alertar sobre los efectos nocivos de las subidas del SMI, por sus implicaciones sobre el empleo y particularmente sobre el empleo de los más vulnerables; los defensores de subir el SMI para reducir la desigualdad no disponen de evidencias académicas que respalden esa relación positiva entre un salario mínimo más alto y una menor desigualdad social. El Comité de Expertos sobre el SMI identificó esa carencia y se ofreció al Ministerio de Trabajo para elaborar con cierta regularidad un informe para evaluar "el efecto de las subidas recientes del SMI sobre el empleo, el paro y las rentas salariales y su distribución".
La vicepresidenta no sólo ha recogido el guante lanzado por el Comité de Expertos sino que ha encargado de urgencia la realización de ese informe para disponer de sus conclusiones antes de que finalice el año y, por tanto, muy probablemente mientras esté en negociación la subida del Salario Mínimo del año 2022, a la que el Gobierno se ha abocado después de descartar la posibilidad de definir una hoja de ruta con las subidas para 2022 y 2023 como le pedían los sindicatos.
La contribución del SMI a la lucha contra la desigualdad
El informe contratado con Sara de la Rica aspira a determinar los efectos de las subidas del Salario Mínimo sobre los trabajadores con jornada a tiempo parcial, sobre la brecha de género en grupos de trabajadores cuyas retribuciones se mueven en el entorno del SMI y sobre la disminución de la desigualdad en la sociedad española. El informe de los expertos sobre el SMI concluyó, entre otras cosas, que la persistencia de una alta proporción de empleo precario y remuneraciones bajas "no es solo determinante de una importante brecha salarial en el mercado laboral español, sino que es también un factor determinante de la desigualdad en la distribución de la renta entre los hogares"; que los salarios son comparativamente más bajos en los empleos a tiempo parcial; y que tanto uno como otro factor inciden especialmente sobre la población femenina.
La carencia de un diagnóstico claro sobre la incidencia de las subidas del SMI sobre la población más vulnerable fue lo que llevó al grupo de expertos a instar al Ministerio de Trabajo a financiar la realización de una evaluación permanente de los efectos del Salario Mínimo. Por una parte, para evaluar su efecto sobre otros asuntos como las tasas de pobreza de la población, las tasas de exclusión social o la distribución de rentas. Los expertos admiten en este punto que está pendiente de demostrar el papel que puede llegar a tener el SMI sobre los resultados distributivos de rentas, la pobreza o la exclusión social, lo que en su opinión obliga igualmente a analizar hasta qué punto esta política ha conseguido el objetivo distributivo que pretendía.
Por otra, porque aunque sospechan a partir de los informes publicados sobre el asunto, en los que incluyen el del Banco de España, que el impacto directo sobre el mercado de trabajo es más moderado que significativo, también intuyen que puede haber una determinado nivel a partir del cual esos efectos puedan pasar a ser más relevantes y afectar de forma significativa.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios