El Ministerio de Trabajo y Economía Social encargó hace meses un estudio ad hoc sobre el impacto de las subidas del salario mínimo en la desigualdad. Un informe adicional al que emitió el comité de expertos, que se concibió inicialmente como una alternativa al demoledor análisis que había realizado el Banco de España, para arrojar algo de luz sobre los efectos del alza del SMI en ámbitos como la distribución de rentas, la pobreza o la exclusión social. El documento, según ha confirmado La Información, obra en poder de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, desde el pasado mes de enero. Sin embargo, a las puertas de aprobar un nuevo incremento de la mano de los sindicatos y sin el respaldo de la patronal, ha optado por no hacerlo público.
El comité de expertos designado por Díaz para determinar la senda de crecimiento que debería seguir el salario mínimo interprofesional para situarse en el 60% del sueldo medio incluyó una sugerencia en su informe final y se ofreció a dar continuidad a sus trabajos y presentar un documento alternativo en relación al "el efecto de las subidas recientes del SMI sobre el empleo, el paro y las rentas salariales y su distribución". Los expertos concluyeron que los ejercicios realizados por el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el impacto negativo de la histórica subida del SMI de 2019 en el empleo no agotaban "todas las posibilidades de análisis de un asunto tan complejo" y pidieron al Ministerio que les proporcionase los recursos necesarios para poder realizar una evaluación de los efectos de las subidas del SMI sobre el mercado laboral.
Los expertos dejaron constancia en sus recomendaciones de que los estudios publicados sobre el asunto no son completos y probablemente estén sobreestimando el impacto de las subidas del SMI sobre el empleo. De hecho, existía un cierto consenso entre la docena de profesionales del comité en torno a que los efectos directos en el mercado de trabajo son, en realidad, más moderados que significativos. Pero no es la única laguna que observaron en los trabajos publicados al respecto, sino que también plasmaron negro sobre blanco que podría existir un determinado nivel de salario mínimo a partir del cual esos efectos pasarían a ser más relevantes y, ahí sí, afectarían de forma significativa al mercado laboral. De ahí "la importancia de mantener una evaluación constante y la posibilidad de incrementos graduales a lo largo del tiempo que ayuden a minimizar los efectos negativos, dada la importancia del contexto socioeconómico vivido en cada momento", concluyeron en su informe.
Yolanda Díaz recogió el guante y, un par de meses después, le encargó a la investigadora de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica, miembro del comité y experta en análisis socioeconómico y mercado laboral, un informe sobre los potenciales beneficios sociales derivados de las subidas del SMI. La vicepresidenta compartió con los expertos la conclusión de que los efectos sobre la desigualdad, la equidad o la exclusión social de esta política clave de su departamento son precisamente algunos de los ángulos muertos de los estudios publicados hasta el momento -especialmente el del Banco de España- a la vez que uno de los principales argumentos en los que se apoyan los defensores de las subidas del SMI para defender su importancia capital como instrumento de política redistributiva y lucha con la desigualdad. Y dio el visto bueno al encargo a De la Rica para despejar estas incógnitas.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo encargó de urgencia este informe, con la intención de que estuviese listo antes de finalizar el año, de cara a reforzar sus argumentos en el debate para aprobar una nueva subida del salario mínimo en 2022, tras haber convencido únicamente a los sindicatos para impulsar un incremento para los cuatro últimos meses de 2021, en plena discusión sobre la reforma laboral. La autora empezó a trabajar para "complementar el estudio del Banco de España, añadiendo sectores no incluidos y trabajadores a tiempo parcial, por si los resultados pudieran modificarse", según ha explicado la propia De la Rica en su cuenta de Twitter, negando, en cualquier caso, que el estudio estuviera dirigido por el Ministerio de Trabajo y matizando que fue un ofrecimiento de los expertos.
Pero De la Rica aportó información adicional en la red social: "El estudio está entregado, pero en principio es propiedad del Ministerio. Espero que lo publiquen pronto", dejó escrito el pasado 22 de enero. Consultados al respecto, en el departamento que dirige Yolanda Díaz solo confirman que, efectivamente, ese informe fue encargado, pero no se pronuncian sobre su eventual publicación. El caso es que, a estas alturas, y cuando el Gobierno está a punto de aprobar una nueva subida del salario mínimo, el estudio no es público y se desconoce su contenido. Cierto es que la solicitud de informes ad hoc es habitual en los distintos ministerios para apuntalar la toma de decisiones, especialmente en las medidas con mayor impacto económico y social, y que en muchos casos este tipo de estudios no se hacen públicos, pero esta falta de transparencia es cuestionada desde el mundo académico porque complica el análisis y la evaluación de políticas económicas clave.
También desde la oposición se cuestiona el modus operandi del Gobierno en este caso. En concreto, Ciudadanos ha reclamado el citado informe en el Congreso de los Diputados. La formación naranja ha apoyado al Ejecutivo en la aprobación de la reforma laboral, pero con este movimiento exige más transparencia a las puertas de la aprobación de una nueva subida del SMI. El Ministerio de Trabajo se reúne este miércoles nuevamente con los agentes sociales para cerrar un incremento del salario mínimo de 35 euros, hasta los 1.000 euros mensuales, desde los 965 actuales. Díaz ha recabado el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT, pero no cuenta con el respaldo de la patronal, que considera que la medida tendrá un impacto negativo en la actividad de las empresas y en el empleo y se desmarca de una decisión que consideran que "responde más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica", según han denunciado en un comunicado.
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