La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha fijado como prioridad en su agenda política de 2022 la aprobación de medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y cuidadores y está preparando una ley cuya primera propuesta llevará en breve a la mesa de diálogo social. La prioridad en estos momentos es sacar adelante en el Congreso de los Diputados la reforma laboral pactada con los sindicatos y la patronal y después será la negociación de una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), pero inmediatamente después va a desplegar el resto de medidas que tiene en cartera para este año y entre las que esta ley destaca por su alcance e impacto económico y social.
Díaz lleva meses hablando de la puesta en marcha de una ley de usos del tiempo de trabajo para ahondar en la regulación de la flexibilidad de la jornada laboral. Si bien hasta el momento no ha desvelado cuál será su contenido. La vicepresidenta se ha limitado a afirmar públicamente que la nueva normativa introducirá cambios en la forma de organización del tiempo entre los trabajadores y las empresas y que será muy compleja y buscará situar "los cuidados en el centro". Todo, mientras Unidas Podemos intentaba sin éxito introducir medidas en los Presupuestos de 2022 como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad o la creación de una prestación universal de 1.200 euros anuales para madres con hijos de 0 a 3 años. Ambas iniciativas fueron frenadas por el Ministerio de Hacienda.
La ministra de Trabajo siempre se ha mostrado más bien escéptica ante medidas como la jornada laboral de 4 días, por la rigidez que plantea, y se ha posicionado más cercana a otras propuestas de flexibilidad horaria. Lo que había anunciado era una ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, pero lo cierto es que ese proyecto no está incluido en esos términos en el Componente 23 del Plan de Recuperación comprometido con la Comisión Europea ni aparece en el Plan Anual Normativo de 2022. En su lugar, este último plan gubernamental, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, incluye la transposición de una directiva europea relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores.
En concreto, se trata de una directiva que establece "requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, facilitando a los trabajadores que sean progenitores o cuidadores la conciliación de la vida familiar y profesional", según consta en el citado plan, y que establece "derechos individuales que se deben introducir en la normativa nacional" y que están relacionados con "el permiso de paternidad, el permiso parental y el permiso para cuidadores" y con "fórmulas de trabajo flexible para los trabajadores que sean progenitores o cuidadores".
La citada directiva establece algunas medidas en materia de conciliación que España ya cumple, como por ejemplo el permiso parental de cuatro meses, pero también otras en materia de "fórmulas de trabajo flexible" en las que nuestro país deberá profundizar. El texto que aprobó el Parlamento Europeo y el Consejo en 2019 tiene un periodo de transposición de tres años que finaliza el día 2 de agosto de 2022, de modo que es posible, si se cumplen los plazos, que el Gobierno apruebe la ley antes de verano. Primero se abrirá la mesa de diálogo con la patronal y los sindicatos y en ella también participarán los ministerios de Igualdad y Seguridad Social, que figuran como coproponentes de esta ley en el Plan Anual Normativo de 2022.
Pero Hacienda también tendrá algo que decir al respecto. Y es que el Plan Normativo incorpora una cláusula respecto a esta ley que indica que la norma está "sujeta a evaluación" en base al artículo 3.1.a) del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, que establece que las normas deben someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación cuando supongan un coste o ahorro presupuestario significativo para la Administración General del Estado. En este caso, el impacto presupuestario se justifica por la ampliación de la parte retribuida del permiso de cuidado de hijos e hijas, lo que implica un incremento del gasto que tendrá que aprobar el Ministerio de Hacienda. Y hay que recordar que el departamento que dirige María Jesús Montero ya se ha mostrado reticente a dar luz verde a este tipo de medidas que elevan considerablemente la tensión en las cuentas públicas.
El vademécum que fija la hoja de ruta del Gobierno para este año y que acaba de convalidar el Consejo de Ministros incluye una docena de leyes y una decena de reales decretos en el ámbito del empleo y las relaciones laborales. Cabe destacar algunas como la subida del SMI en 2022 y 2023, ambas condicionadas a la evolución de la situación económica, la ley de empleo, la ley de formación profesional, la modificación del sistema de protección por desempleo de nivel asistencial o la reforma de los incentivos a la contratación, además de una modificación de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social para "adecuar los tipos sancionadores a la nueva normativa y garantizar el efecto disuasorio de las mismas".
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