La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios suficientes para investigar a la cúpula del Popular y pide que se indague a su expresidente, Ángel Ron, y también a su sucesor, Emilio Saracho, así como a sus respectivos consejos de administración. Ahora es el juez Fernando Andreu quien tendrá que decidir si inicia la investigación judicial contra ellos.
La primera querella presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) achacaba únicamente a Ron y a parte de su consejo de administración los delitos de estafa y falsedad contable, castigados con hasta 9 años de cárcel.A esa querella inicial se han sumado una treintena de perjudicados que se han ido acumulando en el juzgado. El fiscal anticorrupción Antonio Romeral considera que gran parte de ellas deben ser admitidas a trámite por el juez, que ahora tiene la última palabra.
Algunas de ellas se dirigen también contra el auditor externo de Pricewaterhouse Coopers (PwC), Francisco Barrios. El objetivo de todos esos escritos es depurar responsabilidades por lo ocurrido entre la ampliación de capital que la entidad aprobó en mayo de 2016 por 2.500 millones de euros y la intervención por el Banco Central Europeo.Accionistas perjudicados
Los accionistas perjudicados quieran conocer si la información con la que acudieron a esa oferta pública era cierta y comprobar si las cuentas a las que se refirió el folleto de ese aumento de capital reflejaba la imagen fiel de la entidad o por el contrario estaban alteradas.
Varias de las querellas hacen referencia al hecho relevante reflejado por el banco el pasado 4 de abril por el que informaba a la CNMV de algunas deficiencias encontradas en esa cuentas, como una insuficiencia de provisiones por riesgos y desajustes por 694 millones de euros.
Esa información permitiría supuestamente a los perjudicados acreditar que la información que tenían era inexacta. Fiscalía, sin embargo, no encuentra indicios de responsabilidad en la actuación de los reguladores -CNMV, Banco de España y Banco Central Europeo- contra los que se dirigían algunos de los escritos presentados en la Audiencia Nacional.
De forma paralela a la jurisdicción penal, muchos afectados han recurrido ya a los tribunales civiles para intentar recuperar el dinero que invirtieron al considerarse víctimas de un engaño. La intervención del Popular por el BCE y su posterior venta al Santander por un euro supuso para los accionistas y bonistas de la entidad la pérdida del 100% de su inversión. Sin embargo, los fondos de los titulares de cuentas y depósitos no sufrieron deterioro alguno.
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