Anticorrupción se querella contra una veintena de directivos de Urbas por estafa

La Audiencia Nacional investiga a Urbas por falsear una ampliación de capital. La policía registra las sedes de la promotora por la supuesta sobrevaloración de algunas fincas.

La empresa aparece en la lista de morosos del Ministerio de Hacienda con una deuda en fase ejecutiva de más de 6,6 millones de euros. 

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Anticorrupción se querella contra una veintena de directivos de Urbas por estafa

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto una investigación contra el grupo inmobiliario Urbas. El instructor, que mantiene secreta la causa, ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra una veintena de directivos de la compañía por estafa y delitos societarios. El martes, la policía judicial registró sus sedes en Guadalajara y Madrid en busca de pruebas de esas supuestas infracciones. La Fiscalía considera que los directivos sobrevaloraron supuestamente algunas de sus fincas y así falsearon el valor de su última ampliación de capital por 307 millones de euros.

El grupo financiero, que cotiza en el mercado continuo, presentó una ampliación de capital en 2015 por 307,5 millones de euros, pero hoy en día, los 30.759 millones de acciones que se movieron en la operación todavía no han sido admitidas a cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esa ampliación se sufragó mediante la aportación no dineraria (canje de acciones) del 100% del capital social de la compañía Aldira Inversiones Inmobiliarias.

Es en esa operación en la que se habrían producido los delitos que imputa el juez de la Audiencia Nacional a los directivos. La compañía habría falseado el valor de activos inmobiliarios de la sociedad inflando el precio de determinadas fincas, lo que habría conducido al engaño de los inversores que concurrieron a la ampliación de capital. El aumento fue aprobado en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria que se llevó por delante a muchas empresas del sector.

La sociedad tiene actualmente en marcha ocho promociones en la provincia de Guadalajara y otras dos en Almería. Sus activos inmobiliarios se reparten, además de en esas dos provincias, en Asturias, Madrid, Salamanca, Sevilla, Toledo y Tánger (Marruecos). A través de una de sus participadas tiene además proyectos en Cuba, donde promueve un ‘resort’ en Cienfuegos.

El presidente de la compañía es Juan Antonio Ibáñez Fernández. Como vicepresidente consta Juan Antonio Acedo Fernández. El resto de miembros del consejo son Ignacio Checa Zabala (consejero coordinador) Luis Ramos Atienza (ex consejero delegado de Caja Guadalajara), José Humberto Ávila Carrillo e Ignacio Alonso-Villalobos de la Viesca. Hasta el momento se desconoce cuáles son los directivos imputados.Moroso con Hacienda

La CNMV ha comunicado esta misma tarde al cierre del mercado un hecho relevante por el que suspendía la cotización de Urbas en el mercado continuo “por circunstancias que podrían alterar el funcionamiento normal de la compañía”.

Más tarde, en un hecho relevante remitido a la CNMV, la compañía confirmaba haber recibido un escrito del Juzgado Central de Instrucción Número Cuatro de la Audiencia Nacional en el que se informa de que en dicho Juzgado se siguen Diligencias Previas incoadas en virtud de querella de la Fiscalía Anticorrupción contra D. Juan Antonio Ibáñez Fernández, Urbas Grupo Financiero, S.A., y otros, para la investigación de un presunto delito de estafa, delitos relativos al mercado y a los consumidores y delito societario de administración desleal.

La sociedad estaba en el punto de mira desde que lanzó la ampliación de capital en el año 2015. De hecho, Urbas es una de las entidades que aparecen en la lista de morosos que publicó el Ministerio de Hacienda, con una deuda de 6,6 millones de euros con el Fisco, en fase de ejecución. 

La memoria oficial de la empresa apunta a que la constructora cerró el ejercicio pasado con un resultado neto de 2,4 millones de euros, lo que supone una mejoría sobre los 4,5 millones que había perdido el año anterior. 

Pero las dudas sobre los datos de la empresa siempre han pesado en los mercados. Sobre todo después de que los auditores, Baker Tilly Fmac, llamasen la atención sobre las cifras presentadas en el año 2016. Según el análisis de los datos, la compañía alcarreña presentaba a finales de 2016 deudas vencidas por más de 90 millones de euros con entidades de crédito, fondos de inversión, administraciones públicas y proveedores. "Las circunstancias descritas -decían los auditores- son indicativas de una incertidumbre sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento y de que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas".

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