Se repite la historia. La Generalitat de Cataluña sacó hace mes y medio a concurso la gestión de su tesorería y, como viene sucediendo en los últimos ejercicios, solo Caixabank y BBVA se animaron a presentar oferta en un escenario de pulso soberanista, resultando ambas adjudicatarias. Se trata de una licitación donde el Govern tradicionalmente invita a las grandes entidades financieras y que debería resultar atractiva porque compromete la gestión de un volumen de transacciones próximo a los 4.000 millones de euros, al margen del componente de relación ‘institucional’ inherente a los contratos con Administraciones Públicas.
Las hemerotecas descubren, sin embargo, que los proveedores que reiteradamente se han hecho con el servicio son el banco de La Caixa, BBVA y CatalunyaCaixa, entidad ésta última hoy desaparecida después de su nacionalización y posterior adjudicación en subasta pública al grupo presidido por Francisco González.
La licitación la abrió el Departamento de Economía y Hacienda del Govern con su publicación a mediados del pasado junio y la resolvió un mes después con idéntico resultado al año previo: solo recibió dos ofertas y renovó el contrato a CaixaBank, que volverá a gestionar el 66,85% del negocio; y a BBVA, con el 33,15%. Su cometido será tramitar todos los pagos e ingresos de la Tesorería global del Ejecutivo y de todos sus departamentos y organismos, salvo la recaudación de ingresos y el confirming -anticipar pagos a sus proveedores-.
Ser el proveedor financiero en esta operativa transaccional les expone hoy a la tesitura de tener que paralizar pagos si el Gobierno central o una autoridad competente lo reclamase porque considera que son para financiar la convocatoria de referéndum del 1 de octubre. Y es que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida por Mariano Rajoy, decidió en julio intervenir las cuentas de la Generalitat para evitar que se destine dinero público a promover una consulta que considera “ilegal”.Certificados individualizados
De hecho, los interventores de las consejerías del Govern tienen que remitir desde entonces certificados individualizados y semanales con los gastos de cada departamento, bajo riesgo de sufrir una congelación de los recursos que recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de incumplirlo. Muchas de esas transacciones ‘vigiladas’ pasarán por las cuentas de ambos bancos.
El contrato, dotado con 1,5 millones de euros de presupuesto y la duración de un año prorrogable, comprende el servicio de gestión de la tesorería corporativa de la Generalitat y sus entidades públicas, junto a otros servicios financieros. Tradicionalmente incluye una facilidad de financiación a la Generalitat, prestación de gran valor porque contribuye a garantizarse liquidez.
La fórmula del ‘cash pooling’ permite compensar los flujos de tesorería positivos y negativos entre las diferentes consejerías, empresas, consorcios y entes públicos Cataluña. Fue ideada en 2007 por el tripartito para ahorrar costes financieros dado que, al aglutinar a más de 100 empresas y entes junto con el Govern, mejora su capacidad de negociación para conseguir menores comisiones.
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