El BCE destapa fallos de la resolución de bancos tras sacar pecho con el Popular

La resolución del Popular fue considerada un éxito en Europa porque esquivó su entrada en liquidación evitando dañar los depósitos de los clientes, pero puso en evidencia un abanico de ineficiencias en la maquinaria del mecanismo que ahora reguladores y autoridades se apresuran en reparar. El Banco Central Europeo (BCE) ha tomado la avanzadilla con varias iniciativas para engrasar una coordinación con la Junta de Resolución (Jur) que se reveló insuficiente ya desde días antes de precipitarse el impensable desenlace de la entidad, y a raíz también de la experiencia vivida con el rescate en la banca italiana.

El equipo dirigido por Emilio Saracho pidió la intervención en la tarde del día 6 de junio ante la imposibilidad de atender al día siguiente a los clientes que solicitasen retirar sus ahorros porque se habían secado las cañerías de liquidez. Pues la víspera, el día 5, el BCE tuvo que precipitar un cambio regulatorio ‘ad hoc’ para agilizar el acceso del organismo de resolución a su información estadística confidencial a fin de que conociese al milímetro el estado real de la entidad financiera.

La regulación garantiza, a través de un acuerdo (Mou) entre el BCE y la Jur, dicho flujo de información aunque con un sistema que se reveló excesivamente pesado y casi obstáculo en casos de emergencia. Hasta ese momento, cada vez que el organismo de resolución dirigido por Elke Köenig, requería datos, la norma establece que la solicitud debería ser aprobada por el Consejo de Gobierno del BCE conformado por los 19 gobernadores centrales de la zona euro (Luis María Linde, entre ellos) y que se reúne una vez al mes.

La misma norma abría la opción a que, en determinadas circunstancias, el permiso lo expidiese el Consejo Ejecutivo que preside Mario Draghi e integran otros cinco miembros. La decisión 2017/1258 aprobada ese 5 de junio -el Popular ya era propiedad del Santander en la madrugada del día 7- convierte en general dicha excepción para que la Junta de Resolución tenga acceso a las cifras de los bancos al instante, al hacer descansar la autorización en el órgano de gobierno que maneja el día a día del BCE. Esta institución apuró el cambio ante el alud de datos solicitados con emergencia por la Jur, haciendo que ahora la entrega sea casi instantánea.

También el BCE, aunque en esta ocasión con la ‘pata’ que se ocupa de la vigilancia de los 3.000 bancos de la eurozona o el denominado Mecanismo de Supervisión Único -Mus-, ha expresado de forma pública que apoya además contar con un observador permante de la Junta de Resolución en las reuniones de su máximo órgano de decisión. En un documento remitido al Parlamento Europeo a raiz de su informe 'Anual y de Resolución' correspondiente a 2016, el organismo se muestra favorable a contar con un representante fijo la Jur en el Consejo de Supervisión casi como una reciprocidad, dado que el BCE ya lo tiene en el organismo que decide, cuando hay que meter en la Uvi a un banco, sobre su liquidación o resolución.Un observador sin voto

El acuerdo de colaboración existente limita dicho acceso a que resulten invitados. En prueba de su interés en fomentar esta colaboración, el Mus dirigido por Danièle Nouy relata que en el último año y medio ha contado con representantes invitados de la Jur en la mitad de las reuniones celebradas. En el informe advierte que para establecer tal figura de forma permanente habría que modificar la normativa, algo que escapa a las competencias del BCE, pero que "apoya".

En aras de esa coordinación detalla además que la Junta de Resolución conoce la agenda de los temas a tratar de forma previa y tiene acceso a toda la documentación que le pudiera atañer para el desarrollo de su función, datos de interés cuando algunos organismos se autoresponsabilizan de ciertas etapas atravesadas por el Popular en su caída y la asimetría de trato otorgada en la resolución de la banca italiana.

Por último, el BCE ha recogido el guante de Köenig, que denunció en el mismo Parlamento los problemas con que había tropezado con el Popular -la dificultad para acceder a los datos recientes, entre ellos- a los pocos días de resolverlo. El supervisor bancario evalúa la utilidad de una herramienta legal existente en varios países que permite paralizar la operativa de pagos e ingresos en una entidad financiera para ganar tiempo mientras se busca, diseña e implementa la mejor solución, como pidió Köenig. Fuentes de la institución explican que forma parte de una revisión general sobre el proceso de manejo de crisis que recogerá en una opinión legal.

El Popular ha puesto a prueba todo el engranaje puesto que nunca antes se había procedido a abordar la crisis de una entidad por la nueva autoridad común. En la creación de ésta y el resto de instituciones que pueblan la Unión Bancaria el legislador puso especial empeño en garantizar, casi con el establecimiento de murallas chinas, su desempeño autónomo aunque alentando una coordinación sujeta ahora a las primeras enmiendas para agilizarla y reforzarla aún más.