Nuevo capítulo en el enfrentamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, a cuenta de las competencias de cada parte en el sector energético. Competencia va a hacer público el informe en el que da el visto bueno al decreto del Gobierno que fija los peajes del gas, pero por primera vez, hay un voto particular -de la consejera Idoia Zenarruzabeitia- que destaca cómo el Gobierno no está cumpliendo con las indicaciones de Bruselas, que reserva a los organismos reguladores la facultad de fijar los peajes.
El informe de la sala Regulatoria fue aprobado el 13 de junio por la vicepresidenta, María Fernández y tres consejeros a mediados de junio. Dos de esos consejeros, Diego Rodríguez y Eduardo García Matilla estaban próximos a su salida del organismo. Idoia Zenarruzabeitia, consejera nombrada a instancias del PNV fue la voz discrepante.
El enfrentamiento en torno a quién controla la parte central del recibo del gas y de la luz, una cuestión políticamente sensible que afecta a 27 millones de usuarios, no es nuevo. En 2013, Bruselas inició un expediente contra España por no aplicar adecuadamente la legislación comunitaria sobre energía. Esa normativa estipula que deben ser los supervisores nacionales los que establezcan el monto de los llamados peajes eléctricos o, cuando menos, la metodología para su cálculo. Una curiosa enmienda
En su origen, la CNMC iba a encargarse de ello, pero el Ejecutivo coló una enmienda en una norma curiosa: la Ley de Metrología 32/2014 y modificó el artículo 16 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Fue una añagaza que vació parte de las competencias de la CNMC.
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, no se quedó impasible. Se quejó inmediatamente. Y la denuncia llegó a Bruselas, que primero abrió el expediente -el 29 de septiembre de 2016-, ante la negativa del Ejecutivo a cambiar y remitió un dictamen motivado, dando a Moncloa dos meses para cambiar o amenazando con llevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE.
Desde entonces, altibajos. En noviembre del año pasado, Nadal cedió o aparentó ceder. En una carta de la que dio cuenta El Mundo en enero, el Ejecutivo prometió acelerar los trámites pendientes y modificar la legislación necesaria para cerrar los procedimientos de infracción abiertos. Y, sobre todo, aceptaba devolver a la CNMC las competencias que le arrebató.
Pero en abril de este año, el Ministerio de Energía volvió a dar marcha atrás. En un escrito enviado a la Comisión Europea con comentarios sobre la propuesta de un nuevo mercado eléctrico, la secretaría de Estado de Energía. En un escrito de 16 páginas cuestionaba la potestad de la CNMC para fijar las tarifas de acceso o el papel del autoconsumo.
Así, en lo referente al organismo supervisor (al que no citaba por su nombre), afirmaba que “España está muy preocupada por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas que no responden ante los ciudadanos”. Una referencia interpretada como un mensaje al organismo que preside José María Marín.
En Bruselas, además del expediente por la cuestión de los peajes, España tiene abiertos otros cuatro procedimientos de infracción en asuntos que competen a Nadal. Uno sobre el marco jurídico para las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro; otro sobre criterios de sostenibilidad en un aspecto muy concreto sobre renovables, pero que ya ha quedado resuelto; uno más por la no adopción de la legislación de eficiencia energética en los edificios y una última sobre parámetros de la calidad del agua.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios