Castilla y León, la última en pedir la recuperación de la jornada de 35 horas semanales

El Gobierno aprobó por decreto en 2012 la ampliación de la jornada de los funcionarios hasta las 37,5 horas semanales entre otras medidas para afrontar la crisis. 

Hasta ahora la justicia ha echado para atrás la decisión de Castilla La Mancha y País Vasco de volver a las 35 horas semanales y tendrá que pronunciarse sobre la Andalucía y Ayuntamiento de Madrid. 

Castilla y León, la última en sumarse a la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales

Fue una de las medidas que tomó el Gobierno para hacer frente a la grave crisis económica que desde 2008 vacía las cuentas de nuestro país. A través de dos Decretos Ley de 2012, modificó las condiciones laborales del sector público. Suprimió una paga extra, redujo el número de días de libre disposición y aumentó en 2 horas y media semanales la jornada laboral, entre otras medidas. 

A medida que la situación económica se recuperaba, los sindicatos pedían que también lo hicieran los derechos perdidos durante la crisis. Así, se aprobó devolver la paga extra que había sido suprimida, después, que pudieran volver a contar con los días de libre disposición, todos ellos a través de decretos aprobados por el Gobierno, y ahora es la jornada laboral. Varias administraciones han pedido volver a las 35 horas

La última en sumarse a la petición de que los funcionarios recuperen las condiciones laborales anteriores a la crisis ha sido Castilla y León. El gobierno del popular Juan Vicente Herrera, conjuntamente con los tres principales sindicatos, ha remitido una carta al ministro de hacienda Cristobal Montoro, solicitando, entre otras medidas, que los funcionarios de esa Comunidad recuperen la jornada laboral de 35 horas semanales, además de otras peticiones, como son el pago del 100% de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, o que las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año.

El escrito insta al Gobierno a llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, las modificaciones normativas necesarias para que se pueda emprender la recuperación de derechos de los empleados públicos de Castilla y León, con el objetivo de seguir prestando unos servicios públicos de calidad contrastada.

No es la primera Comunidad que lo pide, pero sí la primera gobernada por el Partido Popular, el mismo que decidió aumentar la jornada a 37,5 horas y, de momento, no ha dado marcha atrás, aunque no es la primera vez que los populares de esta Comunidad le llevan la contraria al gobierno de Mariano Rajoy. 

La primera Comunidad en pedir que se volviera a trabajar sólo 35 horas en las oficinas públicas fue Castilla La Mancha. El gobierno de García Page lo instauró en 2015, pero el Gobierno lo recurrió y finalmente, el Tribunal Constitucional lo echo para atrás. Los funcionarios de Castilla La Mancha seguirían trabajando lo mismo que el resto, 37,5 horas semanales. El argumento: la medida fue aprobada por Decreto Ley y sólo el Gobierno puede modificarla, no una administración autonómica. 

Los funcionarios del País Vasco fueron los siguientes que quisieron recuperar sus derechos laborales y el Gobierno autonómico, decidió de manera unilateral, recuperar la jornada de 35 horas. El Gobierno central recurrió la decisión y en este caso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue el encargado de echar atrás la medida. 

La medida afecta a todas las administraciones y por eso el siguiente en plantear la vuelta a la jornada de 35 horas fue el Ayuntamiento de Madrid y la delegación de Gobierno en la capital ya ha anunciado que la va a recurrir. Andalucía ha lanzado el mayor órdago

Andalucía fue la siguiente, y desde el 16 de enero sus funcionarios recuperaron las 35 horas. 273.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía han vuelto a trabajar 35 horas semanales, aunque la realidad es que afecta a menos. Los funcionarios de educación no lo verán hecho realidad hasta el curso que viene, mientras que los que pertenecen a la administración de justicia tampoco se verán beneficiados ya que dependen del gobierno central, a pesar de ser funcionarios autonómicos.

El principal sindicato de funcionarios, C-SIF pidió a Susana Diaz que intentara arrancar el compromiso del resto de Autonomías en la conferencia de Presidentes, para hacer mayor presión y evitar el recurso del Gobierno.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho varios llamamientos a la Junta de Andalucía para sentarse a negociar cuanto antes y evitar así un 'choque de trenes' con los funcionarios públicos de rehenes.

Pero no pudo ser. Ahora, el gobierno de Rajoy estudia recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional y al igual que ha pasado en el resto de autonomías tiene todas las de ganar. El Decreto Ley del gobierno en una norma de mayor rango que un decreto autonómico y por eso siempre va a prevalecer la ley nacional. 

Después de Castilla y León, previsiblemente, vendrá Extremadura ya que el gobierno autonómico de esta Comunidad aprobó reinstaurar la joranada laboral de 35 años a final del año pasado. Habrá que ver si el Gobierno también la recurre y si alguna otra comunidad o ayuntamiento se suma a la petición. 

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