En concreto, la Eurocámara ha fijado con 534 votos a favor, 98 en contra y 62 abstenciones su posición de cara a las negociaciones con el Consejo de la UE, la institución comunitaria que representa a los Estados miembros.
La información fiscal sobre ingresos aquellas multinacionales que superen un volumen de negocios mundial de 750 millones tendrá que ser publicada en una plantilla en cada jurisdicción en la que estas compañías o sus filiales operen. Los datos estarán disponibles de forma gratuita y serán accesibles desde la página web de la empresa.
En concreto, la información incluirá una breve descripción de la naturaleza de sus actividades, el número de empleados, la cifra neta de ingresos, el capital declarado, los activos fijos, los beneficios antes de impuestos, el importe pagado en impuestos por la empresa y sus filiales en cada país, las ganancias acumuladas y la existencia de posibles tratos fiscales preferentes.
Los eurodiputados además han apoyado que se pueda sancionar a las empresas que no faciliten la información requerida. Los Estados miembros serán los encargados de fijar estas sanciones, que podrán consistir en multas administrativas y en su exclusión de procedimientos de licitación pública y de concesión de fondos procedentes de la UE.
Sin embargo, los eurodiputados respaldaron incluir una cláusula para proteger la información sensible que permitirá a los Estados miembros autorizar excepciones a la obligación de facilitar estos datos. Las excepciones tendrán que ser renovadas cada año y sólo se aplicarán en los países en las que se han concedido.
Los países que acepten una excepción tendrán que informar a la Comisión Europea de manera confidencial. Bruselas publicará cada año una lista de las empresas que se benefician de este tipo de excepciones. Las empresas, no obstante, tendrán que publicar la información omitida cuando finalice el periodo de confidencialidad, aunque "en forma de media ponderada".
La cláusula que permite las excepciones a la norma ha sido aprobada con los votos del Partido Popular Europeo (PPE), la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) y el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Estas formaciones han argumentado que servirá para no situar a las empresas europeas en una posición de desventaja frente a sus competidores.
"No debemos poner a nuestras compañías en Europa en una desventaja competitiva. Con el comprimiso que tenemos ahora aseguramos ambas cosas: la transparencia y también la competitividad", ha destacado el eurodiputado de ALDE, Jean-Marie Cavada.
El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui ha destacado que el informe aprobado es "un avance importante contra la elusión fiscal" pero "no es suficiente". "Populares y liberales dicen que trabajan para evitar el fraude fiscal, pero cuando llega la hora de apoyar medidas concretas hacen lo que pueden para rebajar su contenido", ha criticado, en referencia a la aprobación de la cláusula de salvaguarda.
También ha denunciado esta cláusula el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, que ha calificado la aprobación del informe como una "gran victoria" pero ha lamentado que "muchas eurodiputadas y eurodiputados de la derecha de la Cámara se hayan puesto del lado de la opacidad y de las grandes empresas".
El grupo Izquierda Unitaria Europea (GUE) ha afirmado que "no podía apoyar" el informe porque la cláusula "diluye" la propuesta del tal manera que "las multinacionales pueden continuar ocultando información económica sensible", en palabras del eurodiputado Miguel Viegas.
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