Un decreto firmado el 25 de enero por el presidente estadounidense, Donald Trump, recogió oficialmente los planes del Gobierno para "planear, diseñar y construir un muro físico en la frontera sur", en cumplimiento de una de las promesas más polémicas formulada en campaña por el magnate neoyorquino.
Casi dos meses después, el 17 de marzo, la CBP abrió la veda para que las empresas interesadas en sumarse a esta ambiciosa infraestructura presentasen sus proyectos.
La semana pasada, la agencia dependiente del Departamento de Seguridad Interior anunció los nombres de cuatro empresas que debían elaborar prototipos de muros de ladrillo y este jueves ha encargado a otras cuatro firmas de Alabama, Arizona, Maryland y Misisipi que proyecten paredes de entre 18 y 30 pies (entre 5,4 y 9,1 metros) con "materiales alternativos".
La CBP no ha concretado plazos para la construcción de estos prototipos, a la espera de reunirse con los responsables, pero sí ha mostrado su confianza en que lo trabajos tengan lugar "en otoño", según el comunicado oficial.
Trump siempre ha mantenido que será México quien en última instancia pague los gastos derivados de estas obras, aunque por ahora el presidente no ha detallado un plan concreto de financiación. El Gobierno mexicano, por su parte, se ha negado a asumir dichos costes y ha criticado la iniciativa.
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