Guindos y el BdE, a la gresca por cambiar la ley para dar oxígeno a Kutxabank

El Banco de España intentó evitar que se otorgase tres años más a la cajas para que pierdan el control de sus bancos o construyan la hucha para socorrerlos en una crisis.

El Consejo de Estado saca a la luz que el Gobierno ‘olvidó’ realizar la preceptiva consulta al BCE, organismo que censuró la reforma de la normativa y solicitó su reversión.

El Banco de España pone de manifiesto la "escasa relevancia" de las comisiones en el negocio de la banca

La reforma en la ley de cajas que suavizó las imposiciones de la Troika para favorecer, sobre todo, a Kutxabank fue causante de un soterrado enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el Banco de España. El dictamen efectuado por el Consejo de Estado sobre el proyecto del Real Decreto aprobado en marzo revela que el organismo supervisor trató, sin éxito, de evitarlo y que el regulador ‘olvidó’ enviar para su preceptiva consulta el texto al Banco Central Europeo (BCE), que posteriormente desaprobó los cambios.

La reforma, justificada por el Gobierno en la situación de los mercados, daba oxígeno a las fundaciones bancarias obligadas a construir un fondo de reserva para socorrer a sus bancos en caso de dificultades mientras tengan su control accionarial. Y lo hacían con dos modificaciones: reducir del 50% al 30% el porcentaje de dividendos que están obligados a destinar a dicho fondo y retrasar de cinco a ocho años el plazo para construirlo.

En la medida de que casi todas las antiguas cajas habían perdido el control de sus bancos -La Caixa, Bankia, Liberbank, BMN y Abanca-, y Unicaja ultimaba la salida a bolsa para diluirlo, como igualmente proyecta Ibercaja, en círculos políticos se interpretó la reforma como el guiño al PNV, ayudando a Kutxabank, para lograr su apoyo a los Presupuestos. Ibercaja, no obstante, podría también beneficiarse de la ampliación del plazo en su decisión de reducir la participación de su fundación, actualmente en el 87,8%, a cotas inferiores al 50%. 

El 26 de mayo, el BCE aireó su disconformidad asegurando que “contradice el espíritu de la reforma original de las cajas de ahorros”. “El fundamento de la reforma original del sector de las cajas de ahorros era incentivar la reducción de las participaciones de control de las fundaciones bancarias en los bancos, imponiendo costes adicionales a las primeras. Modificar esas disposiciones reduce notablemente los incentivos”, criticó en una de sus notas de opinión públicas a normas nacionales. Se refería a las reglas exigidas por la Troika con motivo del rescate bancario en España para incitar a las cajas a perder el control del banco con la única finalidad de evitar injerencias en la gestión, convirtiendo en muy gravoso conservarlo con la creación del fondo de reserva.

A juicio del BCE, la justificación de los cambios en la situación de los mercados no era sostenible con el crecimiento actual de la economía y consideraba que “podría afectar a la igualdad de condiciones, pues pondría en situación de desventaja a las fundaciones bancarias que ya hayan optado por reducir sus participaciones de control en entidades de crédito”.

Aún cuando éste es el único documento que había sacado a la luz las fuertes discrepancias con la reforma, mucho antes, en el periodo de audiencia del proyecto de Real Decreto, el Banco de España mostró su “reticencia” respecto a ambos cambios. “No se han acogido sus sugerencias”, desvela el Consejo de Estado en el dictamen divulgado posteriormente.

En su resolución, aprobada el 18 de mayo pasado, el organismo consultivo da igualmente cuenta de contracciones entre el supervisor y el regulador durante la tramitación de la normativa, indicativas de la tensión que la reforma estaba ocasionando en sus relaciones. Si bien el plazo de audiencia pública se había extendido del 5 al 17 de abril y la secretaría Técnica del Ministerio de Economía citaba al Banco de España entre los organismos, patronales y asociaciones a las que había remitido el proyecto, esta institución se queja de lo contrario.

En un escrito al organismo consultivo, registrado el 19 de abril, el supervisor bancario asegura que ni el Banco de España ni el BCE habían recibido el proyecto. A petición expresa al Gobierno de completar dicho trámite, Economía acaba aportándole el correo electrónico del subdirector general de Legislación y Política Fiscal, fechado doce días antes, donde comunicaba al secretario general del Banco de España el proyecto de Real Decreto que se remitió al Consejo de Estado, según relata el informe.

Pero será posteriormente, el 24 de abril, cuando la secretaría de Estado de Economía vuelve a remitir el proyecto de Real Decreto al Banco de España; en esta ocasión con destinatario el mismo gobernador, y será éste el que lo circule el mismo día al presidente del BCE, conforme, de nuevo, a correos electrónicos recabados y revelados por el órgano consultivo.

El Gobierno incluyó de forma inesperada estos cambios junto al proyecto de Real Decreto que completaba la creación del mecanismo extrajudicial impuesto a los bancos para atender las quejas por cláusulas suelo. En esta norma regula, en concreto, la comisión que supervisa la correcta aplicación de este mecanismo por parte de las entidades financieras y lleva un control sobre la devolución del dinero cobrado indebidamente por los topes hipotecarios.

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