Hacienda admite que carece de los datos para pagar las nóminas de la Generalitat

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, admitió este miércoles que el Ministerio carece todavía de la información necesaria para poder abonar las nóminas de los funcionarios de la Generalitat, cuyo pago le corresponde sustanciar al Gobierno del Estado en virtud de las medidas de control financiero aprobadas el pasado viernes por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno.

Montoro reconoció que la Generalitat todavía no había remitido dicha información, si bien mostró su confianza en que lo hiciera en las próximas horas al calor de la nueva orden ministerial que se publicara este jueves y que decreta el cierre presupuestario de las cuentas de Cataluña después de que la Generalitat no atendiera su obligación de aprobar un acuerdo de no disponibilidad sobre la parte no esencial de su presupuesto para 2017.

La orden ministerial, adelantada por el diario Cinco Días y que supone la segunda que se aprueba en menos de una semana para estrechar el control financiero sobre la Generalitat, decreta el bloqueo de los gastos no esenciales de la Generalitat - entendidos éstos como Sanidad, Educación, Servicios Sociales y nóminas-, de las transferencias entre órganos y entidades del sector público catalán y también la opción de revocar parcialmente ese bloqueo previa solicitud de la interventora general de la comunidad autónoma de Cataluña y si se justifica por razones de urgente y extraordinaria necesidad.

De este modo, Hacienda certifica el control total sobre los gastos de la Generalitat. Los gastos no esenciales quedan bloqueados salvo en casos excepcionales y los gastos en cuestiones básicas, como el pago de nóminas o de servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales, queda en manos de la Administración del Estado, ante el riesgo de que de otro modo acaben financiando el referéndum ilegal.

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Una de las consecuencias de esas medidas de control es que Hacienda asumirá el pago de las nóminas de los funcionarios siguiendo un modelo similar al que ya se sigue en instrumentos de liquidez como el FLA. Si en ese caso las comunidades autónomas transfieren las facturas pendientes a Hacienda para que sea ésta la que ejecute el pago, en este caso la Generalitat debe transmitir a Hacienda la información sobre sus funcionarios para que Madrid libere los recursos para atender esas obligaciones.

Montoro descarta en principio cualquier escenario que no pase por que la Generalitat proporcione esa información a Hacienda aunque se encargó de dejar bien claro en su comparecencia parlamentaria que las nóminas de los funcionarios de la Generalitat se abonarán en cualquier caso "porque los trabajadores y sus familias no tienen por qué pagar los errores de sus gobernantes. No puede ocurrir, no va a ocurrir", dijo.Se adoptarán más medidas "si son necesarias"

Ante las críticas de buena parte del arco parlamentario por la forma y el fondo del paquete de medidas de control financiero aprobadas por el Gobierno, Montoro argumentó que la intervención financiera de las cuentas de la Generalitat o el cierre presupuestario - que se mantendrá de manera indefinida en tanto se entienda que persiste el riesgo- no supone un vaciado de las competencias de la Generalitat, sino el cumplimiento de la obligación del Gobierno de garantizar la legalidad ante la sospecha de que se pueden adoptar medidas para financiar actividades contrarias a la ley.

El ministro situó el origen de esta escalada en la aprobación de la Ley del Referéndum y en la posterior decisión del vicepresidente económico del Govern catalán, Oriol Junqueras, de no atender a la rendición semanal de cuentas exigida por el Gobierno. Una decisión, por cierto, que según reveló ayer el ministro no se ha aplicado con demasiado rigor ya que, aunque con retraso, la interventora general de la comunidad autónoma ha continuado remitiendo reporte semanal de los gastos de la Generalitat.

"No esperamos nada de la buena voluntad de los dirigentes de la Generalitat. No se atienen a la legalidad y lo que estas leyes hacer es reconducirles y demostrarles que estamos en un estado de derecho", aseguró el ministro.

Montoro mostró su convencimiento de que las medidas adoptadas serán suficientes para inhibir cualquier actuación potencialmente irregular del Govern catalán, pero aseguró que Hacienda "está preparada" para adoptar nuevas medidas de control "si son necesarias"."Ustedes se están saltando las leyes"

En el día en que las fuerzas de seguridad detuvieron a 14 altos cargos de la Generalitat tras una ronda que finalizó con 41 registros a distintas dependencias oficiales y no oficiales incluyendo la Agencia Tributaria Catalana o la Oficina de Exteriores de la Generalitat, las críticas de los grupos parlamentarios se centraron en la forma en la que el Gobierno está afrontando la crisis en Cataluña.

La intervención más dura fue la de la diputada de ERC, Ester Capella i Ferre, que acusó al Gobierno de tensionar las costuras legales con sus actuaciones. "Ustedes se están saltando la ley. No existe encaje legal de las medidas que están adoptando en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que tanto menciona", le espetó.

El diputado de PdeCAT, Ferrá Bel, acusó al Gobierno de autorizar una intervención financiera de raíz política que supone la suspensión de la autonomía de Cataluña y acusó a Hacienda de bloquear gastos tan poco sospechosos como lo de promoción de la juventud, mujer, promoción del patrimonio cultura o de actividades lúdicas y deportivas.

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El portavoz del Partido Socialista cuestionó la forma en que el Gobierno está afrontando lo que consideran, eso sí, como un desafío al Estado de Derecho y abogó por el diálogo para superar la situación, mientras que Ciudadanos se destacó como el apoyo más claro a la posición mantenida por el Gobierno.