Hacienda ultima medidas para asfixiar al Govern y asumirá el control de sus pagos

El Gobierno prevé asumir directamente el control del gasto de la Generalitat para fiscalizar los pagos a los proveedores y comprobar que no se destina dinero público al 1-O.

Montoro apeló en agosto a la utilización de las vías coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad que permite que el Estado asuma la gestión de los impuestos cedidos a Cataluña.

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Hacienda estudia cómo asfixiar a la Generalitat si declara la República

El Gobierno de Rajoy está ultimando un paquete de medidas legales con el objetivo de "asfixiar económicamente" a la Generalitat después de que el Govern anunciara que incumplirá su obligación de remitir semanalmente al Ministerio de Hacienda un informe con las partidas a las que destina el dinero público, en un paso más en la rebelión que persigue declarar una República tras el 1 de octubre

Hoy mismo, el Consejo de Ministros aprobará algunas de estas nuevas iniciativas, entre las que se podría incluir el pago directo por Hacienda a los proveedores del Gobierno catalán, con el fin de comprobar que no destina dinero público al 1-O.

Sin embargo, no es la única medida que Hacienda tiene sobre la mesa para afrontar el desafío económico y fiscal de la Generalitat. Así, en Moncloa y en el grupo de 'sabios' que están diseñando las respuestas a cada paso que da el Govern en esta materia consideran que una de las medidas más contundentes que pueden tomar contra los dirigentes de la Generalitat pasa por cortar el grifo de la liquidez y someter a los secesionistas a una potente opresión financiera que provoque que el Govern renuncie a su órdago. "Al final la economía es la clave", apuntan fuentes conocedoras de esta estrategia. En este momento, la Agencia Tributaria catalana recauda un 6,5% de los ingresos totales de la Generalitat.

En el Gobierno, eso sí, consideran que tienen que hilar fino y hacer ingeniería legal. Esto es, por un lado no pueden tomar medidas que afecten a los servicios públicos de los catalanes, como sanidad, educación o servicios sociales. Por otro lado, las decisiones que se pueden tomar deben ser rápidas y contundentes, sin demorarse en el tiempo. Los servicios jurídicos del Ejecutivo ya están estudiando cómo poder aprobar decisiones de este tipo sin tener que pasar por el Congreso de los Diputados, donde el PP no tiene mayoría absoluta y debería pactarlas con otros grupos parlamentarios.

Se estudia, por tanto, si estas medidas económicas se pueden aprobar a través de un Real Decreto, de un reglamento, de una orden ministerial... En Moncloa tienen claro que las decisiones, si se toman, se van a tener que aprobar en cuestión de horas y quieren tener todo el trámite legal amarrado.Cómo asfixiar económicamente a Cataluña

El equipo de ministros que está gestionando la respuesta al proceso independentista catalán son la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que se encarga de coordinar toda la maquinaria; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, responsable de Guardia Civil y Policía; el titular de Justicia, Rafael Catalá, que se encarga del apartado judicial; y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y que se encuentra al frente de la respuesta económica.

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar las medidas reforzadas de control presupuestario impuestas a la Generalitat, Montoro ya dio algunas pistas de por dónde podrían ir las acciones del Ejecutivo.

El ministro apeló a la potencial aplicación de las medidas coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en caso de incumplimiento manifiesto de sus obligaciones por parte del Govern. Éstas prevén, por ejemplo, que el Gobierno del Estado pueda asumir las competencias normativas sobre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, lo que permitiría a Hacienda tomar el control absoluto sobre los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y sucesiones y donaciones, cuya gestión acaba de asumir la Agencia Tributaria Catalana.

Otra medida punitiva prevista en la ley es la constitución obligatoria de una depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% del PIB catalán, lo que equivaldría a 400 millones de euros que quedarían bloqueados en esa cuenta a la espera de que la Generalitat cumpliera con sus obligaciones.

Una tercera vía de acción es el envío a Cataluña de una comisión de expertos, al estilo de los 'hombres de negro' del FMI o la Comisión Europea, para valorar la situación económico-presupuestaria de Cataluña y que tendrían acceso por ley a toda la información de relevancia económica, financiera o presupuestaria que solicitaran. De la información obtenida saldría un informe de recomendaciones de obligado cumplimiento.

Hay más fórmulas para desactivar la capacidad de gestión económica de la Generalitat, sin afectar a los servicios públicos que reciben los ciudadanos catalanes. Una fórmula pasaría por cortar los mecanismos de financiación autonómica, que son un sustento clave para el Govern catalán. En concreto, tres de cada cuatro euros provienen del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del Plan de pago a proveedores y del Fondo Social Europeo, tal y como se puede ver en el siguiente informe de la consejería de Economía catalana:

En este momento, la Generalitat de Cataluña se encuentra al día en los certificados que tienen que remitir de manera semanal al Ministerio de Hacienda. Desde el departamento de Montoro destacan, incluso, que el equipo dirigido por Junqueras es a día de hoy "el más disciplinado" a la hora de ofrecerles explicaciones. Destacan que no han encontrado ningún pago injustificado ni un euro desviado a cuestiones relacionadas con el referéndum.

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