Hacienda 'caza' bienes no declarados a 4.000 beneficiarios de la amnistía fiscal

El Ministerio de Hacienda ha esperado a estar contra la espada y la pared, con el Tribunal Constitucional propinándole una buena tunda a cuenta de la amnistía fiscal y medio Parlamento exigiendo la dimisión de su titular Cristóbal Montoro, para empezar a aportar datos que intenten desmontar algunas de las principales críticas que se le han realizado a cuenta del proceso de regularización extraordinaria (amnistía fiscal) decretado en 2012. 

Una de las más repetidas es que la Agencia Tributaria no ha perseguido con rigor a los 31.484 beneficiarios de la amnistía fiscal, particulares y empresas que han acreditado su perfil de alto riesgo y que las sucesivas circulares de la Dirección General de Tributos e indicaciones de la Agencia Tributaria parecían querer proteger. Montoro reveló en su comparecencia de ayer que la Agencia Tributaria había realizado desde el año 2013 comprobaciones y cruces de datos masivos buscando inconsistencias tanto en la Declaración Tributaria Especial, el documento que sustentó la célebre amnistía fiscal, como en el modelo 720, la Declaración Tributaria sobre Bienes y Derechos en el Extranjero.

El proceso ha desencadenado, según precisó ayer por primera vez el propio ministro, 3.943 actuaciones inspectoras sobre beneficiarios de la amnistía fiscal por inconsistencias entre la información declarada y la disponible en las bases de datos de la Agencia Tributaria. Éstas han permitido aflorar 279 millones de euros extra, de los cuales 212 millones ya han sido ingresados en las arcas públicas. Una sencilla regla de tres permite concluir que el fraude medio aflorado por estas actuaciones se sitúa ligeramente por encima de los 70.000 euros. El límite por encima del cual la infracción fiscal se convierte en delito está en 120.000 euros.

Más productiva a estos efectos fue el modelo 720, la declaración de bienes y derechos en el extranjero. Los inspectores de Hacienda abrieron 10.990 actuaciones a los beneficiarios de este cauce que perseguía conocer las cuentas y depósitos ostentados por españoles en el extranjero, participaciones en cualquier tipo de sociedad, bienes inmuebles o derechos sobre ellos, cuando en su conjunto superaran los 50.000 euros de valor. Este seguimiento ha servido para aflorar 1.947 millones, de los que 971 millones ya se han ingresado.

En total, según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, las actuaciones realizadas a partir de la información declarada por los que aprovecharon la ventana abierta por el Gobierno en 2012 para ponerse al día de las rentas y el patrimonio no declarados tanto en España como en el extranjero han aflorado 2.226 millones de euros de los que ya se habrían ingresado 1.183 millones.Incremento de las bases declaradas

El otro pilar que sustenta la defensa que Cristóbal Montoro hace de la amnistía fiscal es el incremento de las bases tributarias de los declarantes. Más de 40.000 millones de euros que permanecían ocultos a los ojos de la Hacienda Pública y que la amnistía fiscal ha colocado bajo el radar de Hacienda.

El ministro presumió ayer de haber elevado de 28.000 a 52.000 millones el patrimonio declarado por los beneficiarios de la amnistía fiscal tras el proceso de regularización y en 420 millones de euros sus rentas declaradas en el IRPF. Todo ello, dijo el ministro, no habría sido posible sin la "vigilancia especial" a que la Agencia Tributaria ha sometido a estos contribuyentes.

La oposición no compró sus argumentos. El Grupo Socialista le acusó de socavar la conciencia fiscal de los ciudadanos, el grupo de Ciudadanos, que tiene por portavoz a Francisco de la Torre, un inspector de Hacienda, lamentó toda la pérdida de credibilidad generada por la amnistía fiscal "para ingresar 350 millones extra al año", y el Grupo de Unidos Podemos le acusó de crear un vehículo únicamente para beneficiar a sus amigos.

El ministro de Hacienda consideró ayer cumplida su misión y se ofreció al resto de grupos para liderar un proceso legal que sirva para que nunca más se lleve a cabo un proceso de amnistía fiscal en España.