El argumento es que permitirá regularizar la situación de 250.000 trabajadores autónomos que se mueven hoy en la economía sumergida, presuntamente por el elevado costo de darse de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social que les corresponde. El coste previsto de la medida es de 480 millones de euros,y se cargará -esto es lo importante- a las ya castigadas y deficitarias cuentas de la Seguridad Social.
La nueva Ley de Autónomos aprobada este jueves amplía a un año la vigencia de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos, además de recortar a dos años el periodo de carencia para poder volver a disfrutar de este incentivo y abrir su disfrute a las mujeres que se reincorporen al empleo por esta vía después de una baja por maternidad, lo que supone que a partir del próximo año la Seguridad Social financiará otra política de incentivo al empleo.
Las diferentes reducciones previstas en las cotizaciones a la Seguridad Social como estímulos para el empleo en determinados segmentos o para fomentar la contratación fija pasan ya una factura anual de 2.000 millones de euros a las cuentas de la Seguridad Social, que para los agentes sociales deberían cargarse al Presupuesto y no al mecanismo de financiación de las pensiones públicas.
Las estimaciones que fuentes parlamentarias y del sector de los autónomos manejan sobre el coste de esta ampliación a 12 meses de la popular tarifa plana de autónomos apuntan a que la medida ampliará esa factura en 480 millones de euros. El Ministerio de Empleo no proporciona un dato oficial y esto es así porque en este caso la medida tampoco ha venido acompañada de su correspondiente Memoria Económica.
Se da la circunstancia adicional de que en 2016 el déficit entre los ingresos y los gastos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fue de 1.300 millones de euros - aunque la cifra supera los 5.000 millones si se agregan el saldo negativo del resto de regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia.
Así que estamos ante una medida que promete aflorar 250.000 empleos ahora sumergidos, pero que va a ensanchar tanto el déficit de la Seguridad Social como el desequilibrio de las cuentas del Régimen de Autónomos.Un complejo entramado financiero
El destino ha querido, además, que la aprobación definitiva de esta nueva Ley de Autónomos se produzca el mismo día en que el Gobierno anuncia la disposición de un crédito de 5.986 millones de euros, tributario del préstamo de 10.192 millones de euros que el Estado ha realizado a la Seguridad Social para evitar echar el cierre al Fondo de Reserva de las pensiones, para abonar la paga extra de julio de las pensiones públicas.
La foto, que muestra la convivencia entre una medida gubernamental que resta recursos a la Seguridad Social y otra que se los inyecta por otra vía, es reveladora del extraño momento que viven las relaciones financieras del Estado y la Seguridad Social.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha pedido ya expresamente al Estado que asuma el coste de las reducciones de cotizaciones sociales aprobadas para estimular la creación de empleo y desde la Seguridad Social también se ha solicitado la condonación de la deuda histórica de 17.000 millones que la Seguridad Social mantiene con el Estado al efecto de poner el contador a cero y tener un diagnóstico más atinado de la situación.
Tras la nueva Ley de Autónomos y el préstamo del Estado lo único claro es que la Seguridad Social cuenta con menor recursos y más deudas.
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