El Gobierno está decidido a utilizar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para empezar a resarcir a los empleados públicos por los ajustes en sus percepciones sufridos en los últimos años, que, según las estimaciones de los sindicatos, se han traducido en una pérdida del poder adquisitivo de sus nóminas cercano al 20%.
En la primera reunión con la mesa de función pública, celebrada el pasado jueves, el Ministerio de Hacienda adelantó a los sindicatos su intención de buscar un acuerdo plurianual - en principio, por tres años - que fije subidas de sueldo superiores al 1% durante el periodo, pero moduladas en función del comportamiento del PIB, según ha podido confirmar lainformacion.com en fuentes sindicales.
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¿Por qué el Gobierno ha puesto sobre la mesa en esta ocasión la referencia del PIB cuando históricamente ha sido el IPC el índice que se ha utilizado para modular la subida de los salarios? En primer lugar, porque fueron ellos mismos los que arramplaron con el valor referencial del índice con la Ley de Desindexación, que no solo desvinculó para siempre de la inflación un puñado de índices de precios públicos sino que envió a la sociedad el mensaje de que eso de vincular las subidas salariales a la inflación era cosa del pasado.
Hay, sin embargo, otra razón más relevante. La senda de ajuste del déficit que España tiene pactada con Bruselas en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo se mide en función del PIB y en ella figura de forma explícita el compromiso de reducir del 11% al 10% del PIB el peso de la remuneración de los asalariados públicos en la economía antes de 2020.
Bajo esa premisa, el Ejecutivo envió la pasada primavera a Bruselas una proyección presupuestaria que estimaba un crecimiento medio más bien modesto, del 2%, en la cuenta de remuneración de asalariados del sector público entre 2018 y 2020. Si se descuentan posibles incrementos de plantilla y otros deslizamientos el alza real en las nóminas estaría por debajo de ese nivel.
Sin embargo, la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de la economía española que ha tenido lugar con posterioridad pondrá a disposición del Gobierno un inesperado margen extra, que permitirá al Ejecutivo destinar cerca de 2.000 millones de euros entre 2018 y 2020 para subir los salarios de los funcionarios sin incumplir la senda pactada con Bruselas.
Este saldo extra surge de la décima adicional de crecimiento para 2018 (dos en términos nominales) y 2019 que el Gobierno incorporó a sus nuevas previsiones macroeconómicas aprobadas el pasado 3 de julio y publicadas con posterioridad al envío de la información presupuestaria para los próximos años remitida a Bruselas en primavera.
El efecto inducido de este movimiento es que el Gobierno dispondrá de 483 millones de euros más de los previstos inicialmente para pagar a los empleados públicos en 2018 sin necesidad de incumplir lo comprometido con Bruselas; 618 millones de euros extra, en 2019; y 793 millones de euros más en 2020. Cumplir con Bruselas, cumplir con los funcionarios
La cuenta de 'remuneración de asalariados' supone una cuarta parte del gasto público total que se ejecuta en España y por este mismo motivo es revisada minuciosamente por los hombres de negro de Bruselas que analizan el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit por parte de España. No es fortuito que las rebajas o congelaciones de sueldo de los funcionarios formaran parte del recetario estándar de la Comisión Europea a los países rescatados en el peor tramo de la crisis.
El Gobierno de España se ha comprometido con Bruselas a reducir en un punto el peso sobre el PIB de esta cuenta dentro del mismo periodo que abarca el pacto a tres años que Hacienda quiere suscribir con los sindicatos. Y eso sólo se puede hacer de un modo: haciendo que la cuenta de remuneración de asalariados crezca menos que el PIB nominal (PIB real más coste de la vida) en ese periodo.
La vinculación al PIB tiene la doble virtualidad para el Gobierno de eliminar la volatilidad de un indicador como el IPC, expuesto a cambios bruscos en poco tiempo, y de poder acompasar las subidas a los objetivos de consolidación fiscal del Gobierno.
El Ministerio de Hacienda ha declinado de momento dar más información sobre el modo en que se vincularía esa subida salarial al PIB. Los sindicatos ya se han apresurado a asegurar que no aceptarán ni el referente del PIB ni ningún otro si éste no permite recuperar poder adquisitivo a los empleados públicos.
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