Competencia se prepara para la anulación de otra multa de 20 millones a Repsol

  • La CNMC multó a Repsol SA en febrero de 2015 con los mismos argumentos que anuló en agosto la Audiencia Nacional

    Competencia ha impuesto multas por más de 900 millones que, en su mayor parte, siguen pendientes de recurso en los tribunales

Estación de servicio de Repsol.
Estación de servicio de Repsol.
EUROPA PRESS
Santiago Carcar

En 2013, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) abrió dos expedientes por presuntos manejos en el mercado de los carburantes. En ambos figuraba como actor principal la petrolera Repsol a través de la filial Repsol Comercial de Productos Petrolíferos. En febrero y en julio de 2015, sendas resoluciones de la sala de Competencia impusieron a la compañía multas de 20 y 22,6 millones, respectivamente. La Audiencia Nacional anuló en agosto la multa de 22,6 millones al considerar que Competencia atribuyó indebidamente la responsabilidad del caso a la matriz Repsol SA en lugar de a la filial. Fuentes de la CNMC dan por hecho que la Audiencia anulará por los mismos motivos la multa que se le impuso a Repsol en febrero de 2015.

La petrolera que preside Antonio Brufau se limita a señalar que no tiene notificación alguna de la Audiencia nacional en ese sentido y que mantiene el recurso que interpuso en su día contra la decisión de la CNMC. Lainformacion.com intentó obtener la opinión de Competencia sobre la probable nueva anulación, sin conseguirlo.

La anulación de las multas a Repsol tiene dos derivadas que afectan de lleno al organismo que preside José María Marín Quemada. Por un lado, pone de manifiesto las divisiones en el seno del organismo; por otro, lleva a primer plano el inmenso hueco que existe entre los anuncios de sanciones y multas y la posibilidad de cobrarlas.

En la CNMC no se oculta el malestar. De puertas adentro, se recuerda que los dos expedientes sancionadores en cuestión contaron con votos particulares de los consejeros Fernando Torremocha y Benigno Valdés. Ambos, sostienen fuentes de Competencia, cuestionaron que se sancionara directamente a la matriz Repsol, lo que a la postre puede acabar en la anulación de las dos multas.Voto particular discrepante

En la resolución de julio de 2015, Fernando Torremocha, en su voto particular discrepante, apuntó el problema: "La conducta (irregular) debe ser imputada, ex principio de seguridad jurídica y en aplicación del principio de tipicidad, a la empresa legitimada para actuar en el mercado geográfico y de producto. En el caso que nos ocupa lo son Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA; Cepsa Estaciones de Servicio SA; y BP Oil España SA. Pero al darse la circunstancia negativa que las citadas no han sido imputadas sensu strictu, no pueden ser sancionadas conforme a Derecho", sostenía.

En febrero de 2015 se pronunciaba de la misma forma, en otro voto particular discrepante, el consejero Valdés. "Cuando una empresa con personalidad jurídica propia que forma parte de un grupo empresarial más amplio, o que está participada mayoritariamente por otra entidad jurídica, comete una infracción, ¿a quién debe imputarse? ¿A la empresa infractora? ¿Al grupo empresarial del que forma parte (o, si es el caso, a la entidad que ostenta mayoría accionarial en la infractora)? ¿A ambas? Este asunto parece no ser pacífico en Derecho. Mi opinión, dictada meramente por la lógica económica, y por ello de valor sólo relativo, es que lo apropiado es imputar a ambas, pero no en los mismos términos".

Las decisiones de la Audiencia Nacional, que dejan en papel mojado las sanciones a Repsol, pueden alimentar el estado de enfrentamiento, más o menos larvado en el seno de la CNMC. Torremocha y Valdés, junto a la vicepresidenta María Fernández, forman parte de un grupo de consejeros que han cuestionado decisiones del presidente Marín Quemada prácticamente desde la constitución del órgano regulador.La imagen del regulador

La multa frustrada a Repsol afecta también a la imagen de efectividad de la CNMC. El organismo multa pero tiene dificultades para cobrar. En los últimos años, la CNMC ha impuesto unos 900 millones en sanciones. Pero de esa cifra, ha cobrado "una cifra muy menor, no significativa", según admitió este año en un encuentro con periodistas de información económica el presidente del organismo, Marín Quemada.

Las empresas recurren las multas y sanciones y los procedimientos tardan en concluir de media seis o siete años. En el mejor de los casos, eso es lo que tardará en cobrar el organismo y siempre que los jueces no rebajen o tumben las resoluciones como acaba de suceder.

Hasta 2015 la CNMC impuso multas por importe de 590 millones; en 2016 de 290 y este año lleva más de 80 millones. La última gran sanción anunciada, de 75,6 millones, fue contra la empresa ferroviaria española Renfe, la alemana Deutsche Bahn y a varias compañías de ambos grupos por distorsionar la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril.

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