Pertenecen supuestamente a una organización criminal y también se les imputa corrupción en los negocios. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha enviado a prisión eludible con fianza de 100.000 euros a tres directivos de la SGAE implicados en el fraude de derechos de autor conocido como ‘la rueda’. El magistrado les da un plazo de 72 horas para que hagan efectivas sus garantías y eviten ser encarcelados.
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El fraude, según los autos de Moreno, consistía en el registro fraudulento de temas musicales originales supuestamente modificados, como si se tratara de obras nuevas, pero sin cambios sustanciales en la mayor parte de los casos. Esas supuestas nuevas composiciones se registraban a nombre de los denunciados, de personas de su entorno o de sociedades creadas como cesionaria de sus derechos de autor.
El fraude, según el juez, podría llevarse a cabo en connivencia con trabajadores de productoras de televisión mediante el pago de comisiones para que esas composiciones modificadas se difundieran en programas nocturnos de tal forma que devengaran derechos.
“Esta cesión de derechos es la verdadera motivación de las cadenas de televisión para emitir los repertorios musicales de los investigados, ya que, en virtud de la misma, se convierten en titulares de derechos y por ende, en receptores de una cantidad económica por parte de la SGAE como consecuencia de sus propias emisiones”, escribe el instructor.
Los directivos de la SGAE implicados -Fernando Bermúdez, Manuel Carrasco y Rafael de Tena- estaban al servicio de varios responsables de las televisiones que emitían esas obras y, según el juez, habrían recibido dinero en metálico por beneficiar sus intereses.
El supuesto fraude tenía, además, un efecto ‘político’ en la sociedad que gestiona los derechos de autor, ya que, como explica el magistrado, “la SGAE reparte el número de votos entre sus socios en atención a las cantidades percibidas por generación de derechos de autor, permitiendo así poder tener poder de decisión en la Junta y perpetuar el sistema de reparto que permite perpetuar el fraude”. La cantidad defraudada ascendería, según los investigadores, a 100 millones de euros.
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