El final del Popular desafía a Europa: más de 50 querellas contra la resolución

Litigan contra Bruselas y la autoridad de resolución los herederos del histórico Valls Taberner, el mexicano que promovió la salida de Ron, Antonio del Valle, o Arias Mosquera.

Los pensionistas de Renault y de arquitectos, la Sindicatura y fundaciones de dos condesas -Barrié de la Maza y Pérez de Guzmán el Bueno- buscan también recuperar su dinero.

El final del Popular desafía a Europa: recibe 51 querellas contra la resolución

La solución adoptada con el Popular fue inédita -nunca antes se había intervenido un banco por una crisis de liquidez y estrenó además el mecanismo de resolución europeo-. Ahora va camino de marcar otro hito en el Viejo Continente, pero en el campo judicial. Ahorradores, firmas de inversión y exgestores han presentado más de 50 demandas ante el Tribunal de Justicia de la UE para revertir la medida o, al menos, recuperar su dinero con denuncias contra la autoridad que decidió la medida -la Junta de Resolución Única (JUR)- y la que dispensó el permiso a la compra del  banco por parte del Santander -la Comisión Europea-.

El cómputo recoge por un lado los 51 expedientes registrados hasta el día 30 de agosto en la web del tribunal, en las que se agrupan las querellas presentadas hasta el pasado 17 agosto cuando expiraron los dos meses y diez días pautados para recurrir decisiones de organismos comunitarios -el Popular fue intervenido y adjudicado al Santander el 7 de junio-. Más tarde, con fecha de entrada el 29 de agosto y registrado hoy, figura otra demanda. 

Se trata del mayor número de acciones legales contra una única decisión de la UE presentada ante el Tribunal General, según desveló a Reuters un funcionario de la Corte. Y el censo es susceptible de crecer si, como entienden varios bufetes, el plazo comienza a correr desde que la Comisión Europea publicó la operación el 11 de julio -una prueba es el último expediente registrado-. En paralelo, los afectados pleitean también en España, donde hay calendario hasta mediados de septiembre para ir a la Audiencia Nacional.

Muchas de las demandas interpuestas en instancias europeas, si no todas, representan además a una multiplicidad de perjudicados de lo más variopinto -solo las dos plataformas impulsadas por la OCU y la de Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, han acumulado a miles ahorradores-. La decisión del organismo de resolución dirigido por la alemana Elke König  redujo a cero las inversiones de 300.000 accionistas y casi 2.000 millones en manos de tenedores de deuda, al aplicarse un rescate interno para tapar agujeros antes de adjudicarlo al Santander.  

Los datos accesibles en el registro son aún parcos en detalles aunque permiten confirmar que han planteado batalla los grandes accionistas del banco y varios exgestores, al tiempo que destapan otras sorpresas.

Por ejemplo, el titular público de una de las querellas es la empresa Eleveté Invest Group, fundada por el histórico Luis Valls Taberner, bajo cuya copresidencia el Popular fue la envidia de la banca nacional y foránea por su exitosa apuesta por las pymes -sacaba las mejores notas en rentabilidad, eficiencia y solvencia- El deterioro de esta última cercenó la trayectoria independiente defendida por aquel banquero-.

Antonio del Valle, el consejero del banco que lideró el grupo de inversores mexicanos que compraron el 4% de su capital, se ha querellado contra el JUR y la Comisión Europea. Su disconformidad con la deriva de la entidad y su deseo de reforzar su inversión alentó las maniobras para desalojar a Ángel Ron, al que sucedería Emilio Saracho.

Ambos organismos resultan igualmente denunciados en otra querella presentada por el consejero que acabó representando a los mexicanos Jaime Ruiz Sacristán, junto a Arias Mosquera, vicepresidente con Ron y expresidente del Pastor.Del Valle, Arias y la Sindicatura

La Sindicatura, el principal accionista histórico del banco con participaciones superiores al 9% agrupadas con aportaciones de empresarios y antiguos directivos de la entida ligados al Opus Dei, es otro de los principales inversores de la entidad y consejero que anunció que iría a Europa. Ha iniciado acciones legales Fidesban, empresa vinculada con dicha agrupación.

La Fundación Barrié de la Maza, que integró su banco Pastor en el Popular a cambio de una participación en el grupo resultante, plantea igualmente batalla. Con la amortización de sus acciones, Europa fulminó la, en su día, generosa herencia que delegó a la fundación la Condesa de Fenosa.

No es la única fundación. En el registro figura la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que recibió un patrimonio superior a los 500 millones de la también condesa de Torre Arias y marquesa de Santa Marta y de Torre de Esteban Hembrán al fallecer sin descendencia.

Otros perjudicados que han elevado la protesta a Luxemburgo son las mutualidades de previsión social de Renault España, y la de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, y varias asociaciones de consumidores -OCU, la plataforma promovida por el presidente de Naturhouse y la asociación navarra ‘Irache’-.

Entre los inversores institucionales se acumulan demandas de fondos como Algebris y Anchorage Capital, cooperativas italianas como Iccrea Banca, la sociedad de bolsa Esfera Capital y numerosas empresas, principalmente madrileñas y asturianas. Entre ellas, por ejemplo, Inversiones Flandes, cuyo expresidente fue Eugenio Hinojosa, uno de los mayores gestores de plazas de aparcamiento en Madrid.

La polémica decisión tiene su epicentro en Europa, ya que fue la JUR quien determinó qué hacer con el banco, aunque una mayoría de afectados han anegado la Audiencia Nacional de querellas en un intento de recuperar su dinero, buscando responsabilidades entre los antiguos gestores y el Frob -brazo delegado de la JUR en España-.

Según Reuters, el único caso similar que llegó al Tribunal de Luxemburgo por el rescate de varios bancos por parte del gobierno esloveno y los jueces avalaron su actuación, al considerar adecuado que los inversores contribuyesen a su resolución.

En la esfera pública la JUR, como Bruselas o el Banco Central Europeo (BCE) defendieron el fin dado al Popular para garantizar el dinero de sus depositantes evitando contagio al resto del sector sin comprometer ayudas. Sin embargo, las mismas tres autoridades están dando pasos para modificar ciertos aspectos de la ley y surtirse de nuevas herramientas para evitar un nuevo episodio de un banco que muere por ahogo de liquidez y no de solvencia.

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