La estrategia de Montoro dispara un 50% los ingresos por multas a contribuyentes

Multas por no presentar una declaración fiscal por vía electrónica, por trasladar a la Agencia Tributaria información inexacta - no necesariamente falsa-, por no mostrar toda la colaboración debida durante una actuación inspectora, por pagar grandes cantidades en metálico o por omitir una obligación tributaria de naturaleza meramente informativa y sin trascendencia recaudatoria; el Plan de Medidas contra el Fraude lanzado por Hacienda en 2012 endureció el régimen sancionador del marco fiscal, con la singularidad de que no sólo elevó las sanciones por conductas irregulares sino que castigó, en algunos casos con extrema dureza, la mera comisión de errores a la hora de presentar la información fiscal.

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Un lustro después de su aprobación es complicado afirmar que el plan haya servido para inhibir la comisión de irregularidades fiscales, pero sí se puede asegurar que ha supuesto una significativa inyección de recursos para las arcas de la Hacienda Pública. 

Según los últimos datos proporcionados por la Agencia Tributaria, correspondientes a 2016, los ingresos por sanciones tributarias a contribuyentes marcaron ese año un nuevo máximo histórico tras superar los 240 millones de euros. 

Los ingresos por esta vía no han dejado de crecer desde el controvertido plan lanzado por Cristóbal Montoro. El año inmediatamente anterior a la entrada en vigor del mismo, 2011, los ingresos por sanciones tributarias ascendieron a 159 millones de euros. El incremento desde entonces ha sido exponencial y la recaudación ha crecido nada menos que un 50%.

El fenómeno no sólo ha ocurrido con las multas a contribuyentes, también se ha dado en los recargos que se aplican por procedimientos de apremio y otras circunstancias. En 2016 la aplicación de recargos aportó 794 millones de euros extra a las arcas públicas, cuando en 2012 esa cifra se movía en el entorno de los 560 millones.

Y ello pese a que la Agencia Tributaria sigue encontrándose con problemas a la hora de cobrar los recargos que aplica a los contribuyentes. En 2016 solo ingresó efectivamente uno de cada tres euros por recargos, lo que significa que dejó de cobrar 1.427 millones por este concepto, una parte de los cuales cobrará y otra parte probablemente no por la falta de capacidad de pago del contribuyente 'recargado' o por otros motivos. En 2016 Hacienda se vio obligada a desistir del cobro de 343 millones de euros.Más rigor, más recaudación

Los datos anteriores son la consecuencia directa de haber incrementado todos los recargos previstos en la ley, buena parte de las sanciones y de haber establecido algunas nuevas en el plan antifraude de 2012.

Algunos ejemplos. El plan de Montoro endureció, por ejemplo, las multas por resistirse u obstruir de algún modo las actuaciones de la Inspección de Hacienda elevando su cuantía hasta un máximo de 600.000 euros; estableció una multa de hasta 1.500 euros a las empresas que no presentaran sus declaraciones fiscales por vía electrónica; sancionó económicamente el hecho de presentar información inexacta o incompleta en una declaración tributaria; y sancionó duramente los pagos en efectivo que superaran los 2.500 euros (ahora pretende rebajar ese umbral a 1.000 euros), con una multa equivalente al 25% de la cuantía que excediera ese límite.