El sector de la alimentación llevará a los tribunales la tasa catalana del azúcar

La batalla contra el impuesto del azúcar en Cataluña ha empezado. La cadena agroalimentaria ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra esta tasa catalana a las bebidas azucaradas envasadas tras la publicación de su reglamento, según han informado en un comunicado.

La creación del impuesto, que entró en vigor en Cataluña el pasado mes de mayo y que el Ejecutivo dejó en 'stand by' a nivel nacional, grava a las bebidas azucaradas.

En concreto lo hace con 0,08 euros por litro a las bebidas con un contenido de azúcar de entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros y con 0,12 euros por litro a las bebidas con un contenido superior a 8 gramos.

Cataluña espera recaudar 40 millones de euros con el impuesto, según señaló la directora general de Tributos de la Generalitat, Marta Espasa. Este montante supone un 29% más de los previsto en los presupuestos. Las empresas deben autoliquidar este impuesto entre el 1 de julio y el 20 de julio. De ahí que ahora se lleve a cabo el recurso.

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El recurso ha sido interpuesto por las asociaciones del sector agrario (Asaja, COAG, UPA), Cooperativas Agroalimentarias, AECOC, de la industria (Fiab y Promarca), de los sectores de la distribución (Anged, Asedas y Aces), y de la restauración (Marcas de Restauración).

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el impuesto, inédito en España, se justificaba por "motivos de salud". Desde la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA), que en España reúne a PepsiCo, RedBull o The Coca-Cola Company entre otras, se calificó ya desde el primer momento esta tasa como "injusta y discriminatoria". Ahora las protestas no se van a quedar en palabras y se llevarán a los tribunales.

La cadena agroalimentaria ha recordado que esta norma vulnera principios relevantes como el de territorialidad, además de obstaculizar la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, y la libertad de circulación de mercancías, entre otros.

De esta forma, han reiterado que genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una "pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas" que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

Por otra parte, las empresas consideran que este impuesto incumple el Derecho de la Unión Europea, por lo que también se está valorando presentar una queja a la Comisión Europea.

Consecuentemente, los sectores de la producción agraria, la industria agroalimentaria, la distribución comercial y la restauración continúan con todas las acciones legales a su alcance contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas para frenar una norma, de carácter "fundamentalmente recaudatorio, y que afecta muy negativamente a un sector motor de la economía española y primer sector industrial del país". Dichos sectores contribuyen, según las cadenas agroalimentarias, en más del 15% del PIB nacional y más del 22% del empleo total del país, lo que supone unos 4.300 millones de empleos.

El gravamen en las bebidas azucaradas es usual en países de condiciones socioeconómicas similares a la española. Por ejemplo, Francia incorporó una tasa para las bebidas azucaradas en el año 2012 que gravaba entre tres y seis céntimos el litro. México tiene una tasa del 10% por litro desde 2014. Irlanda y Reino Unido planean que entre en vigor una tasa sobre las bebidas carbonatadas en 2018. Ecuador, Egipto, Finlandia o Hungría también cuentan con tasas similares.

Se calcula que en el mundo mueren 184.000 personas al año por culpa de las bebidas azucaradas, ya que su abuso deriva en enfermedades como la diabetes.