Lo hará después de que esta semana se destaparan "las prácticas precarias" que la red de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) viene realizando para dar servicio a las distintas plataformas digitales que operan en la movilidad urbana (como por ejemplo Cabify).
Según Fedetaxi, se impone "un sistema que fuerza a los conductores a la precariedad laboral con jornadas de más de 60 horas a la semana, hacerse falsos autónomos o tener que participar en la creación o compra de sociedades que controlan las citadas plataformas".
Además, agrega que ese sistema de trabajo basado en jornadas extenuantes, se surtiría de inversores y especuladores que participarían en una cadena de compraventa de licencias VTC que se obtienen por una tasa administrativa de 32 euros en la Comunidad de Madrid con la excusa de que van a prestar un servicio público, pero que inmediatamente revenden por precios que oscilan entre los 30.000 y 50.000 euros (vehículo al margen).
Así, denuncia que estas multinacionales organizan "un entramado de empresas y condiciones de acceso a su red de proveedores que, suprimiendo cualquier autonomía en la dirección de los empresarios o falsos autónomos que constituyen dicha red, les ofrecen desde la licencia VTC hasta el concreto vehículo que han de adquirir y las condiciones y entidad financiera con la que han de efectuar la compra y acceso al trabajo que les ofrecen".
Además, Fedetaxi interesará de la Justicia que investigue si pudieran estarse infringiendo las normas tributarias en estas transacciones en las que estiman se han podido hacer ya operaciones por más de 150 millones de euros, sin que aparentemente estén reflejadas en las cuentas de las sociedades que participan de este supuesto entramado.
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