Grandes empresas piden a Montoro un 'inspector de cabecera' para evitar litigios

Abogan por importar la figura del 'manager fiscal' para disponer de un referente fijo en la Administración Tributaria al que consultar dudas o criterios sobre operaciones complejas.

Asesores y empresas confían en que la adhesión de España al Plan BEPS de la OCDE impulse una relación más cooperativa entre los contribuyentes y el Fisco.

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Un 'inspector de cabecera', al que poder consultar en cualquier momento todas las dudas que surjan en torno al cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de gestión, recaudación o inspección y que esté familiarizado tanto con el contribuyente como con el ámbito en el que opera. Esto es lo que los departamentos fiscales y las consultoras que trabajan con las grandes empresas demandan al Ministerio de Hacienda para engrasar las relaciones entre grandes corporaciones y Administración Fiscal y acabar con una litigiosidad que tiene costosas consecuencias tanto para las unas como para la otra.

La idea es importar el modelo anglosajón del 'Client Relationship Manager', implantado con éxito en países como Reino Unido, Holanda o Suecia y que implica la asignación por parte de la Administración Tributaria de un equipo de inspección específico a las principales corporaciones del país, bajo la dirección de un 'controller' perfectamente identificado y que ejerce de enlace entre la empresa y el Fisco. 

Este 'manager fiscal' no sólo tiene la función técnica de supervisar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de la empresa, sino que está investido de autoridad institucional para gestionar las posibles controversias que puedan surgir en los procesos fiscales e intentar resolverlas por una vía no judicial.

Este modelo de cooperación ha sido defendido en las últimas semanas de manera expresa por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), por grandes consultoras como KPMG y por responsables del Área Fiscal de grandes empresas como Ferrovial o Repsol, e incluso se ha puesto sobre la mesa en las reuniones del Grupo de Trabajo de Relación Cooperativa del Foro de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria donde están algunas de las mayores corporaciones empresariales del país, que ven en esta figura una oportunidad ideal para cumplir con el principio de relación cooperativa que defiende el Plan BEPS de la OCDE, al que España se ha adherido.

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"Hay muchos litigios por cuestiones tributarias a los que se acaba llegando sin que nadie lo quiera", aseguraba hace unos días en una jornada celebrada en el Instituto de Estudios Fiscales, Ignacio de Felipe, director del Área de Fiscalidad de Ferrovial, que apelaba a dos décadas de experiencia y relación con la Administración Tributaria española desde el despacho de una gran empresa para acreditar la falta de mecanismos de colaboración eficaces entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes para evitar que las controversias fiscales acaben en los Tribunales.

El asunto no es menor. El Ministerio de Hacienda reconoce que hay más de 50.000 millones de euros en litigios fiscales 'embalsados' en la vía judicial a la espera de que una resolución determine si corresponden al erario público o, por el contrario, pueden continuar en el balance de las empresas, que en todo caso suelen tener provisionados estos fondos en todo o en parte sin poder emplearlos en inversiones o contrataciones que moverían la actividad económica. El propio Ignacio de Felipe recordaba que Ferrovial tiene pendiente la resolución de una controversia de este tipo correspondiente al ejercicio fiscal de...2002!!!

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Luis López-Tello, responsable del Área Fiscal de Repsol, subrayaba en el mismo foro que el Impuesto de Sociedades es el tercer factor más importante en la competitividad de las empresas y que las situaciones de inseguridad jurídica que se generan en ocasiones afectan de lleno a las empresas. "El BEPS es una oportunidad de impulsar la relaciones cooperativas entre contribuyentes y Administración Tributaria, pero hay que ser conscientes de que no puede haber procedimientos amistosos, arbitrajes o lo que sea si no hay los medios adecuados".

El sistema fiscal español opera a golpe de acta de inspección con consecuencias como las detalladas en el párrafo anterior y con otras que tienen relación con el coste reputacional para los contribuyentes 'cazados'. Las grandes empresas y sus asesores fiscales llevan años clamando sin mucho éxito por un sistema menos punitivo y más basado en la cooperación, pero ahora con la adhesión de España al BEPS vislumbran una posibilidad para el cambio.BEPS, un nuevo enfoque

El paquete BEPS es una iniciativa nacida en el entorno de la OCDE para poner freno a la erosión de las bases fiscales de algunos de los principales países desarrollados mediante el establecimiento de una serie de reglas comunes para establecer un estándar fiscal compartido.

Al margen de otras medidas, BEPS promueve una nueva relación de confianza entre grandes contribuyentes y administraciones fiscales al objeto de modular las estrategias fiscales más agresivas a cambio de una mayor seguridad en la aplicación de las normas fiscales.

Inspecciones conjuntas, establecimiento de un modelo único de convenio de doble imposición, son algunas de las medidas previstas, que avanzan en dos líneas. Por un lado, fomentar una relación más cooperativa entre contribuyentes y administraciones fiscales; por otro, intensificar las relaciones entre administraciones fiscales para evitar competencias perniciosas.

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