Las empresas de servicios llevan a Europa sus quejas por la competencia de Tragsa

Ocho organizaciones empresariales de sectores en los que también opera la pública Tragsa han decidido elevar a Bruselas sus quejas respecto a la situación de competencia desleal que dicen sufrir por parte de la empresa dependiente del Estado y han dirigido un escrito a la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea para denunciar lo que consideran como una "incorrecta transposición" de las directivas europeas que regulan el funcionamiento de los denominados medios propios de la Administración.

El documento lleva la firma de las patronales de las empresas restauradoras de paisajes y medio ambiente (Aserpyma), las de mantenimiento integral y servicios energéticos (AMI), las empresas de parques y jardines (ASEJA), las forestales y del medio natural (FEEF), las de limpieza pública y cuidado del medio ambiente urbano (ASELIP), las de redes de calor y frío (Adhac), las de limpieza (ASPEL) y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), organizaciones en las que están representadas las empresas de servicios más importantes del país, como Acciona, Valoriza, Clece, Eulen, Ferrovial o FCC. 

El pool empresarial considera que la legislación española de contratación pública, recientemente revisada por el Gobierno y que, ya aprobada en primera instancia por el Congreso, aguarda su paso por el Senado, no sólo protege sino que promueve la actividad de Tragsa en contra del espíritu de la normativa europea y generando un grave perjuicio a empresas privadas de diversos sectores.

Su denuncia se centra en dos aspectos fundamentales: la utilización en su opinión excesiva por parte de la Administración de las encomiendas directas de gestión a empresas públicas y la propia definición del concepto jurídico de los 'medios propios de la Administración'.La 'peculiar' regulación de Tragsa

Las empresas sitúan el origen de la problemática en lo que consideran una singular interpretación por parte  de las leyes españolas del concepto de 'medio propio de la Administración' o, de otro modo, de los entes instrumentales de los que se puede dotar la Administración para la realización de determinadas obras, servicios o suministros sin necesidad de recurrir a la contratación de terceros. 

Sus quejas se basan en que la directiva europea deja claro que para que un ente pueda operar como medio propio de una Administración debe haber una relación de dependencia directa entre el poder adjudicador y el ente destinatario. En el caso de Tragsa, cuyo accionariado según la información proporcionada por la propia compañía en su página web está controlado en más de un 99% por el Estado - el 0,0034% restante se reparte entre las 17 comunidades autónomas a razón de una acción por autonomía -, esa vinculación sería muy clara en el caso de las encomiendas de gestión realizadas por el Estado o sus organismos, pero no tanto cuando éstas son realizadas por comunidades autónomas o corporaciones locales.

"No ponemos en cuestión que la Administración Pública pueda dotarse de medios propios", asegura Javier Sigüenza, secretario general de Aseja, una de las organizaciones que han llevado el tema a la UE, "pero sí exigimos que los utilice ajustándose a los requisitos que se establecen en la normativa europea".

Las empresas han decidido pedir el amparo de Bruselas ante la evidencia de que la nueva ley de contratos del sector público flexibiliza los requisitos exigidos por Europa para que la Administración pueda recurrir a un medio propio y permite hacerlo también cuando así lo establezcan los estatutos de la empresa pública, aún aunque no exista esa relación directa. Subrayan que esa solución no está contemplada en la normativa europea y recalcan que de este modo se permite que Tragsa, y el resto de medios propios de carácter estatal como Ineco e Isdefe, las empresas públicas de ingeniería y consultoría dependientes del Ministerio de Fomento y del de Defensa, contraten con otras administraciones con toda la cobertura legal.

"Parece pensada para permitir la pervivencia y fortalecimiento de determinadas entidades empresariales públicas españolas, como son las sociedades del Grupo Tragsa", cuestionan las organizaciones empresariales en el escrito remitido a Bruselas.¿Negocio o servicio público?

La indignación de las asociaciones firmantes viene de que esa laxitud a la hora de interpretar el perímetro de actuación de los medios propios tiene importantes consecuencias económicas para sus empresas. Según sus estimaciones, entre el año 2014 y el año 2016 Tragsa facturó más de 1.500 millones de euros por encargos de servicios realizados por las distintas Administraciones Públicas sin pasar por el trámite del concurso. 

El cálculo no distingue entre las encomiendas realizadas por el Estado y las realizadas por las administraciones autonómicas o locales, pero las empresas sí aseguran que "en su mayoría, los proyectos y obras que se encomiendan no contienen justificación de urgencia o necesidad alguna y, aun así, se realizan obviando las transparencia de las adjudicaciones públicas", afirma Javier Sigüenza. Añade, además, que de haberse hecho en un procedimiento abierto el coste para las arcas públicas podría haberse reducido en 300 millones respecto a las tarifas aplicadas por la empresa estatal.

Fuentes de la Administración consultadas por lainformacion.com rechazan de plano que las encomiendas de gestión sean ese negocio rentable que insinúan las empresas e incluso cuestionan que exista un interés real de la iniciativa privada por encargarse de ejecutar esos trabajos que realiza el ente estatal. "En la mayoría de los casos estos servicios se encargan a medios propios bien porque la iniciativa privada no está interesada en su ejecución, porque se hacen con márgenes de rentabilidad muy bajos, o bien porque las empresas que tenían encomendado llevarlos a cabo no los realizaron correctamente o los dejaron sin terminar. Las encomiendas de gestión no son ningún negocio".

Estas mismas fuentes recuerdan que, por ejemplo, fueron los medios propios de la Administración los que se encargaron de limpiar las playas tras el desastre del Prestige o de higienizar el vertedero de Seseña tras el incendio del año 2016.