“Orgullo sí, pero no así” reza una pancarta que cuelga estos días de un balcón de la plaza de Chueca en Madrid. Se ve que la asociación de vecinos del barrio emblemático de la diversidad sexual parece tener algún reparo a la multitudinaria celebración de WorldPride Madrid 2017. Yo también tengo dudas desde el punto de vista de la utilización del dinero público. Veamos.
El Orgullo es reivindicación y fiesta. Un día de reivindicación en la colorida manifestación del sábado 1 de julio y diez días de fiesta continuada en las calles de Chueca y aledañas (23 de junio-2 de julio). Se dice que nos visitarán dos millones de personas, una cifra imposible de verificar, pero es indudable que la numerosa afluencia de turistas será un gran impulso a la economía de Madrid.
Tantas personas dedicadas al ocio y al consumo dejarán en la ciudad un valor añadido para hoteles, bares, restaurantes y salas de fiesta. Se creará empleo (o bien horas extra) que generarán rentas que a su vez se gastarán, provocando nuevos incrementos del PIB. En fin, un circulo virtuoso de prosperidad desencadenado por una celebración masiva. Siempre es así, en diferente medida, sea el orgullo, una visita del Papa o unos juegos olímpicos.
Los economistas sabemos que nada es gratis, así que hay que hacerse la pregunta de cuánto nos cuesta la celebración. Hay siete escenarios instalados en diferentes plazas del centro de la ciudad y multitud de actividades lúdicas y culturales de todo tipo. Eso obliga a desviar el tráfico, mejorar el transporte colectivo, garantizar la seguridad pública, reforzar los servicios de limpieza, todas ellas funciones municipales que sufrirán un incremento de sus gastos. Es sin duda necesario y está justificado para que la ciudadanía se divierta y las reivindicaciones LGTB+ puedan encauzarse.
Hay costes adicionales: los vecinos sufren molestias notables al celebrarse todos los actos en pleno centro de la ciudad. Estos costes no están cuantificados, pero no por ello son menos relevantes: piénsese en los efectos perniciosos del ruido o en la huida de muchos habitantes del barrio en estas fechas, lo que reduce el consumo en comercios tradicionales. No todo son ganancias con el Orgullo. Podrían llevarse los conciertos y demás eventos masivos a un recinto no habitado aunque bien comunicado y reducir así la alteración de la vida cotidiana.
El WorldPride Madrid 2017 no se celebra para que que hosteleros, propietarios de pisos turísticos y otros comerciantes puedan obtener pingües beneficios, pero afortunadamente los consiguen. Si estas rentas tributan, aumentarán el pago de impuestos, y algo recuperaremos los ciudadanos por los gastos ocasionados. Sin embargo, una parte del negocio que genera el orgullo quizá no contribuya al fisco. Por ejemplo, los ingresos de los llamados pisos turísticos parecen boyantes, pero hay serias dudas de que la hacienda pública pueda someterlos a gravamen.
Como en años anteriores, el Orgullo lo organiza la Asociación de Empresas y Profesionales para LGBT de la Comunidad de Madrid (AEGAL), con la colaboración del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que se encargan de la manifestación del sábado.
La asociación reconoce en su web el patrocinio del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid e incluso del Estado (Instituto de turismo de España). No se publica el presupuesto, pero su coordinador general, Juan Carlos Alonso, explica en una reciente entrevista en http://lofficielhommes.es/ que el Ayuntamiento aportará en total 900.000 euros y la Comunidad de Madrid otros 500.000 euros “que serán justificados hasta el último euro”, faltaría más. Un millón cuatrocientos mil euros es una cantidad muy notable y sorprende que los beneficios privados que genera el Orgullo por consumo e inumerables patrocinios publicitarios no sean suficientes para atender todos los gastos de las festividades.
En suma, está económicamente justificado que se utilicen servicios públicos para limpieza, seguridad, transporte público y tráfico rodado con el fin de permitir el desarrollo de actividades productivas. Si además todos los que ganan con ello pagan los impuestos correspondientes, las cuentas públicas sufrirán menos. Sin embargo, conceder dinero contante y sonante del erario común para empresarios que hacen negocios rentables al hilo de los derechos de la comunidad LGTBI, la verdad, no lo veo.
*Profesor Titular de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza
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