La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, comparecerá este martes a las 9.15 horas en la segunda sesión de la comisión de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento. Quienes no han aceptado asistir han sido el que fuera vicealcalde de Madrid Manuel Cobo y el exconcejal de Hacienda y actual presidente de ADIF, Juan Bravo.
Desde el área de Economía y Hacienda han considerado paradójico que quien fuera designado para dirigir la Oficina Anticorrupción del PP haya declinado acudir a la comisión de investigación municipal --la asistencia no es obligatoria--.
Cobo fue el responsable de velar por el cumplimiento del contrato y de aprobar la memoria técnica-económica del modificado del año 2007, que permitió un sobrecoste de 1.632 millones en las obras de la M-30, han recordado fuentes municipales a Europa Press.
Han confirmado su asistencia a la sesión del martes el titular del departamento financiero de la empresa; el director general de Espacio Público, Obras e Infraestructuras, José Luis Infanzón; el responsable de la secretaría del consejo de administración de Madrid Calle 30; el subdirector de Sector Público del área de Economía y Hacienda; el subdirector de Obras del área de Desarrollo Urbano Sostenible y el subdirector de Gestión del Presupuesto.
El informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid indica que el modelo de gestión mixto de Madrid Calle 30 --el 80 por ciento está participado por el Consistorio y el 20 restante por el socio privado, EMESA-- es "lesivo" para las arcas del Ayuntamiento. EMESA está integrada por Ferrovial Servicios, Dragados y API Conservación.
La empresa se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Pleno del Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA. Tras la concesión quedó establecido el modelo económico-financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.
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