El BdE pone el foco en la mala aplicación de la ley antidesahucios de Guindos

  • Copa un 3% de las reclamaciones que llegan al organismo. El supervisor da la razón al cliente en el 83,6% de los casos.

    Dicho censo es superior a las resoluciones que ese mismo año emitió el organismo sobre reclamaciones relacionadas con un uso fraudulento de tarjetas o transferencias.

Una pareja acampada frente a la Junta de Carabanchel (Madrid) tras ser desahuciada pierde el bebé que esperaba
Una pareja acampada frente a la Junta de Carabanchel (Madrid) tras ser desahuciada pierde el bebé que esperaba
EUROPA PRESS
E.C.

El seguimiento de las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los apuros de las familias abocadas a perder su vivienda por impago de la hipoteca está suscitando más conflictos de los esperados. Su incumplimiento o la disconformidad con la solución proporcionada por la entidad a las familias fue el origen del 3 por ciento de las quejas que llegaron el pasado año a la ventanilla del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España -431 expedientes de un total de 14.462 registrados-.

Para tener una mejor idea de su relevancia, dicho censo es superior a las resoluciones que ese mismo año emitió el organismo sobre reclamaciones relacionadas con un uso fraudulento de tarjetas o por el cobro de comisiones en estos mismos productos, rebasa también las disconformidades afloradas en transferencias nacionales e internacionales o las relacionadas con avales, operaciones de ‘leasing’ o ‘factoring’.

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El número es muy limitado si se compara con los litigios ligados a créditos y que son los culpables de más de la mitad de los expedientes que tramitó durante 2016, e incluso el supervisor reconoce que la deficiente aplicación de las medidas antidesahucios son además casos puntuales y concentrados “solo en algunas entidades”. Sin embargo, afea la mala aplicación por dos motivos. En primer lugar por la “gran relevancia social” que reviste incumplir las medidas arbitradas para paliar las penurias de hogares en situación de extrema vulnerabilidad y que, según revela en la ‘Memoria de Reclamaciones 2016’, ha sido el origen de algunas de sus “iniciativas supervisoras”.

En el 83,6 por ciento de las denuncias en las que emitió una resolución -en 214 casos- da además la razón al cliente, por encima del resultado medio de sus dictámenes. Del 100 por cien de quejas analizadas sobre los más dispares servicios y productos, el organismo resolvió en un 71,1% en favor del reclamante. Este indicador es indiciario de la resistencia de las entidades a cumplir con el marco fijado en los casos denunciados.

Dichas reglas son un compendio de medidas que el Gobierno comenzó a regular en 2012 bajo el bautizado como Código de Buenas Prácticas y que con el paso de los años ha ido actualizando para prorrogar su vigencia a la luz de la prolongación de la crisis y para ampliar el perfil de personas que pueden beneficiarse de las medidas.

Su finalidad es obligar a las entidades a reestructurar la deuda de los hogares sin recursos en condiciones favorables, contemplando quitas significativas, dación en pago -extinguir la deuda con la entrega del piso- e, incluso, dejarles la vivienda a un alquiler mínimo para evitarles que se quedasen sin techo. Dentro de este pack se incluyeron moratorias que impedían la ejecución de la hipoteca durante unos años y bajo su paraguas se creó también el fondo social de la vivienda, al que la banca ha aportado casi 10.000 pisos por un plazo de años prorrogado en varias ocasiones.76.600 han resultado beneficiadas por el Código

La suscripción o seguimiento es voluntario pero, una vez adherido al Código, la aplicación es obligatoria para la entidad. Y a fin de fomentar un seguimiento masivo, el Gobierno decidió dar difusión al nombre de las entidades comprometidas para alentar su adhesión como fórmula para evitar el sonrojo público de no figurar en dichas listas. 

Desde su instauración hasta el pasado año, se han beneficiado de sus soluciones más de 76.600 familias. Según cifras del Ministerio de Economía, ha permitido suspender 24.000 lanzamientos, 45.600 familias han podido reestructurar su deuda -con 7.000 daciones en pago- y se han adjudicado más de 9.000 viviendas del fondo social. Cifras, en todo caso, muy alejadas de los cientos de miles de beneficiarios que el Gobierno creía que lograrían ventajas.

La razón es que la banca cuenta desde siempre con sistemas para ayudar a sus clientes a pagar la deuda, siendo la refinanciación y reestructuración una operación recurrente, como lo demuestra que con el paro desbordado por encima del 20 por ciento la morosidad hipotecaria no alcanzase el 6 por ciento -eso supone que el otro 94 por ciento está al corriente de pago-. Durante la crisis han refinanciado o cambiado las condiciones a millones de hipotecados para facilitar el pago de las cuentas. Algo que no impide, sin embargo, el auge de la conflictividad por una aplicación deficiente del Código antidesahucios que en 2014 arrancó con denuncias incluso de entes locales y alguna comunidad autónomas.

Una situación que no conviene a la banca, cuya reputación resultó seriamente erosionada durante la crisis por la mala comercialización de productos como las preferentes, las escandalosas jubilaciones de gestores de entidades rescatadas o, incluso, las hipotecas con cláusulas suelo. Las entidades son conscientes del problema y públicamente reconocen la necesidad de remediarlo. Sin embargo, el flujo de quejas que llegan al Banco de España continúa siendo elevado.

Las reclamaciones alcanzaron el pasado año los 14.482 casos, cifra un 28,6 por ciento inferior al ejercicio previo y lejos del récord que alcanzó en 2013 con las cláusulas suelo -más de 34.645 expedientes-. En el primer trimestre de 2017, rompe esa tendencia, con 8.000 reclamaciones y podría llegar a alcanzar las 30.000 al cierre de ejercicio de continuar a este ritmo.

El rebrote está ligado con la avalancha de casos relacionados con los gastos hipotecarios, después de que el Tribunal Supremo declarase abusivas el pasado año determinadas cláusulas, entre ellas las atribuidas a los costes de formalización de préstamos para adquisición de vivienda. Este nuevo foco de litigiosidad coge el relevo a las cláusulas suelo, cuya conflictividad se ha atemperado. Si en 2015, los topes hipotecarios copaban un 46 por ciento de las quejas, un año después representan el 27 por ciento, lo que el Banco de España explica en la mayor propensión de las entidades a cerrar acuerdos amistosos de resolución y en el creciente uso de la vía judicial para dilucidar las controversias.

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