En España, desde la crisis, las rentas de los trabajadores han experimentado dos efectos: una bajada general del poder adquisitivo de la renta salarial y una mayor dispersión de en el abanico salarial. El salario medio ha subido ligeramente.
Por ejemplo, según el INE en los años duros de la crisis pasó de 1.774 en 2008 a 1.869 en 2013. Pero en términos reales, es decir descontando la inflación entre 2011 y 2013 perdieron 3,2 puntos. Si se compara el peso de las rentas de trabajo en el PIB entre 2007 y 2017 ha pasado de 49% al 47%; han perdido dos puntos que han ido a parar a las rentas empresariales, que en ese tiempo pasaron del 41 al 43%.
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Se puede calcular que entre 2008 y 2016 la pérdida de poder adquisitivo de los salarios está entre el 5 y el 20% según casos, como el de la hostelería donde ha aumentado la temporalidad. La mayoría de las veces porque el trabajador ha sido despedido y luego se recoloca con menos sueldo; otras porque los sindicatos aceptaron congelaciones o reducciones de sueldos para mantener la competitividad de la empresa y su supervivencia.
En algunos casos el motivo es que se aceptaron transformar su horario al tiempo parcial o la recolocación después del paro fue en esa condición; también porque los sueldos en los contratos temporales fueron disminuyendo, siendo siempre menores a los del contrato indefinido. Por último, el crecimiento del desempleo supone un menores ingresos y mayores incertidumbres.Pese a todo, aumenta la confianza
Sin embargo, el aumento del consumo interno de los dos últimos años indica que se ha recuperado la confianza en tener unos ingresos salariales más o menos estables. También que las familias españolas se han desendeudado y disponen de mayor liquidez. Pero, en todo caso, los estudios indican que las rentas del trabajo han disminuido su porcentaje en el PIB nacional.
A ello hay que añadir una mayor apertura del abanico salarial. Es decir que los salarios más altos si han subido o se han mantenido iguales. Lo que da sensación de inequidad. La consecuencia puede ser, y lo es: las reivindicaciones salariales van a empezar a ser corrientes en lo que queda de año y el que viene.
El ministro Montoro, que es el jefe de los empleados públicos, lo sabe y por eso propone aumentos salariales para la Administración del orden del 2% para los próximos tres años.
Subidas que los sindicatos del sector público consideran insuficientes. Un caso particular es el de los servicios públicos gestionados por empresas privadas. Como para conseguir los contratos las empresas concesionarias bajaron los precios en las licitaciones, los salarios de sus empleados son bajos. De ahí que las reivindicaciones sean más activas (ejemplo la seguridad en los aeropuertos).La reforma laboral limita la tensión
En el sector privado, debido a la Reforma Laboral, la negociación será empresa a empresa, y eso reduce la conflictividad. Las empresas más rentables aceptarán mejores condiciones salariales; en las que haya dificultades de supervivencia, trabajadores y sindicatos aceptarán congelaciones o subidas muy reducidas de los sueldos.
No ha habido acuerdo general entre la CEOE/CEPYME y CCOO/UGT porque son conscientes de que así se desarrollará el proceso y, además, es lo más racional desde el punto de vista económico.
En consecuencia este otoño: habrá negociaciones generalizadas, en algunos casos (servicios públicos gestionados privadamente) más conflictividad. En términos generales subida de salarios y unas pocas congelaciones. Se anunciaba un otoño laboral caliente; quedará en templado.
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