En un comunicado de prensa, la CIG ha incidido en el hecho de que "han aumentado el número de maestros sin destino definitivo, no por el incremento de personal interino", que se mantiene en cifras casi iguales al pasado año, sino por "los efectos de los recortes de puestos de trabajo y de cierres de centros".
Así, han indicado que el colectivo de puestos suprimidos alcanza el 15 por ciento en "tan solo un curso". Además, critican la política de recortes de la Xunta al "dejar plazas vacantes sin profesorado", como es el caso del CPI Manuel Suárez Marquier, de O Rosal (Pontevedra), el CRA Novo Mencer, de Coristanco (A Coruña) o el CEIP Antonio Blanco, de Covelo (Pontevedra).
En este sentido, los sindicalistas han criticado que, de un total de 2.458 maestros, un 18 por ciento "tendrán que impartir docencia en más de un centro", llegando incluso, según han apuntado, a darse itinerancias de hasta cuatro centros.
Y en este sentido, han precisado que no sólo habrá maestros que tengan que impartir en varios centros, sino que "hay casos en los que algún maestro tendrá que impartir materias de las que no es especialista".
NECESIDADES Y AMORTIZACIONES
A renglón seguido, los sindicalistas han apuntado también a que existen "necesidades en los centros que no fueron atendidas por la inspección educativa", lo que provocará, a su juicio, "un inicio de curso de demandas por parte de la comunidad educativa para que se atiendan esas necesidades.
Por otro lado, han hablado de "amortizaciones encubiertas" por parte del Gobierno gallego. Así, han explicado que "en varios centros, si un profesor acepta, se podrán amortizar plazas de infantil al permitir que dicho maestro imparta en primaria.
"RECUPERAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO"
Es por ello que los sindicalistas demandan la "recuperación de las condiciones de trabajo" que, en su opinión, "fueron retiradas por el gobierno de Feijóo en el 2009".
Medidas que permitan "retornar a las 21 horas lectivas, con lo que se incrementaría "de forma importante" el número de docentes y se mejoraría "no sólo las condiciones de trabajo, sino la propia calidad del sistema educativo gallego".
Asimismo, consideran "fundamental" reducir el tiempo de provisionalidad, que "en algunas especialidades llevan en esta situación desde el 2010".
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