Desde el Consistorio se ha propiciado un acuerdo para garantizar a lo largo del presente curso la actividad pese a que la propietaria de los terrenos sobre las que está este centro, dependiente del Gobierno central, había solicitado la reversión de manera inmediata de la propiedad.
Finalmente, tras numerosas reuniones y la intermediación del Consistorio y de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha resuelto no interrumpir este ejercicio académico. "El acuerdo no sólo supone una garantía para la escuela y los alumnos de que no se suspenderá la actividad durante el curso, sino que además permite disponer de tiempo suficiente para encontrar una nueva ubicación para un centro de formación emblemático con 50 años de historia y el único dependiente del Estado que permanece en la provincia", ha destacado.
En un encuentro con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, Muñoz ha abordado esta cuestión. El Consistorio, según ha adelantado, trabaja ya en la búsqueda de una localización alternativa que cumpla con los requisitos para albergar la escuela de hostelería y turismo.
"Nuestro objetivo es que la Escuela Bellamar permanezca en Marbella, no sólo porque su historia está ligada a la de nuestra ciudad desde su fundación, sino también por la importancia en materia de empleo de un centro que ha formado a más de 35.000 profesionales y que tiene una inserción laboral superior al 90 por ciento", ha señalado la alcaldesa a través de un comunicado.
La principal prioridad, ha insistido, era que este curso continuara, por lo que Muñoz ha resaltado el acuerdo ya que ofrece estabilidad tanto a profesores como alumnos, "entre los que existía mucha preocupación ante el riesgo de cierre inmediato de la escuela".
La Escuela de Hostelería y Turismo Bellamar, dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal, oferta distintos cursos --entre los que se encuentra Cocina, servicios de Restaurante, Sumillería y Recepción en alojamientos-- que cubren toda la horquilla laboral --de los 16 a los 65 años--.
Además, presta especial atención a las personas desempleadas que forman parte de los colectivos con más dificultades para acceder al mercado de trabajo: mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas con discapacidad, afectados y víctimas de la violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social.
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