MADRID. EL AYUNTAMIENTO ELEVA A LA ASAMBLEA UNA LEY DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

- Prevé modular aulas, ratios y profesores según el número de alumnos con necesidades especiales. El Pleno municipal de Madrid aprobó hoy, con los votos de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos, elevar a la Asamblea regional una propuesta de ley de educación inclusiva invocando la iniciativa legislativa municipal para corregir la desigualdad que, según Ahora Madrid y el PSOE, fomentan las políticas del Gobierno autonómico.
El concejal del PSOE Ignacio de Benito, que presentó la iniciativa, acusó al Gobierno de la Comunidad de que “fomenta la discriminación y la segregación” y “no se toman medidas para una mayor integración de los alumnos con necesidades de apoyo”, que “terminan encuadrados en contextos académicos más difíciles”.
En suma, denunció que el Ejecutivo regional “promueve la desigualdad educativa” con un “modelo excluyente” y que los ayuntamientos tienen que levantar la voz contra este supuesto afán de “clasificar y separar” que hace que los alumnos con necesidades especiales se concentren en los centros públicos y no los asuman los concertados.
La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, suscribió los argumentos de De Benito y dijo que “algo no funciona” cuando los ayuntamientos tienen que acogerse a la iniciativa legislativa municipal para acabar con la desigualdad, de la que aseguró que la Comunidad tiene una de las tasas más elevadas.
Desde Ciudadanos, Ana María Domínguez anunció su voto a favor aunque aseguró que le habría gustado que Ahora Madrid y el PSOE contaran con Cs, pero reivindicó la labor de su grupo parlamentario en la Asamblea Regional en esta línea, y denunció que al Ayuntamiento también “le queda mucho” por lograr la igualdad en sus campamentos, pues se mantienen los cuatro niveles educativos, el último de los cuales concentra a los niños con discapacidad o necesidad de apoyo.
En nombre del PP, Almudena Mayo dijo que, si inclusividad es que todos los niños tengan derecho a la misma calidad de enseñanza y que ninguno se quede atrás, está de acuerdo, pero rechazó que se quite valor al mérito, la responsabilidad y la libertad de elección de los padres. Negó que la educación madrileña fomente la desigualdad y, al contrario, defendió que está en primera línea en libertad y equidad, con especial atención a los niños con discapacidad, con una inversión de 260 millones al año. Por eso, llamó a “dejar trabajar al Gobierno de la Comunidad” y, en todo caso, plantear posibles mejoras a través de los respectivos grupos parlamentarios en la Asamblea.
De Benito contestó a Mayo que podía preguntar a los padres y profesores que han reclamado esta iniciativa y una representación de los cuales asistió al pleno municipal, minimizó la importancia relativa de los 260 millones y preguntó qué libertad de elección de centro tienen los niños con discapacidad cuando se les han reducido las aulas disponibles en los colegios públicos de sus distritos. Higueras, por su parte, contestó a Domínguez que no es cierta la discriminación que denunció en los campamentos de verano.
LA INICIATIVA
En la iniciativa, que firman conjuntamente Ahora Madrid y el PSOE y a la que tuvo acceso Servimedia, se pide impulsar un sistema que "garantice la inclusión de todo el alumnado, favoreciendo la presencia de la diversidad del alumnado en las aulas ordinarias", y "garantizar la equidad en los procesos de escolarización" en los centros públicos. Se trata de una iniciativa que ya ha sido aprobada en otros ayuntamientos.
En el prólogo se diagnostica "la evidencia de que la exclusión educativa tiene su origen no sólo en las prácticas de los centros, sino también, y de manera significativa, en el diseño de la oferta de plazas y en los procesos de escolarización".
Una forma de conseguirlo será la definición de una Tasa de Necesidad Escolar de Apoyo a la Inclusión (TNEAI), que será el porcentaje de alumnado con necesidad de apoyo específico. Se incluirán aquí los alumnos de familias con problemas económicos, los que estén en acogimiento familiar o residencial, los hijos adoptados y los alumnos a los que se haya diagnosticado necesidad de apoyo.
Una vez detectados estos alumnos, se diseñará una oferta equitativa de plazas, con un año de antelación, que los reparta entre los centros, que pueda incrementar el número de aulas en uno de ellos según la TNEAI que presente y, también de acuerdo con esta tasa, reducir la ratio de alumnos por aula.
Igualmente, los centros con una TNEAI inferior al 10% contarán con un orientador y un profesor técnico de servicios a la comunidad por cada 750 alumnos; si la tasa está entre el 10 y el 20%, uno por cada 500, y, si supera el 20%, uno por cada 250.
Por último, cuando sea un nivel educativo el que tenga una TNEAI superior al 20 o al 30%, se le asignará un maesro de apoyo a la inclusión por aula, a media jornada en el primer caso y a tiempo completo en el segundo.
La iniciativa legislativa popular es una herramienta contemplada en el Estatuto de la Comunidad, según la cual siempre que al menos tres ayuntamientos que sumen al menos 50.000 habitantes suscriban una iniciativa, la Asamblea de Madrid tendrá que debatirla y votarla.