Una década después de los primeros reclamos y tras cientos de marchas en las calles, ingresó este lunes al Congreso el anhelado proyecto de ley que establece la gratuidad a nivel universitario en Chile, sin dejar satisfecho a nadie.
Después de nueve prórrogas y superar el último plazo autoimpuesto, la presidenta Michelle Bachelet anunció la noche del domingo en cadena nacional el envío al Congreso de la última y más esperada ley de reforma de la Educación en Chile: la gratuidad universal a nivel universitario.
"Con el (proyecto) cerramos el ciclo de las leyes de la gran reforma educacional que iniciamos en 2014 y que va desde las salas cunas hasta la educación superior", señaló la mandataria al ofrecer detalles del proyecto de ley, exigido en las calles desde 2006.
Pero la gradualidad del proyecto y los plazos difusos de implementación de la gratuidad no conformaron a nadie.
"El proyecto no termina con el negocio de la educación. No cambia sustancialmente lo que hay hasta ahora", dijo a la AFP Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la principal agrupación que encabezó las numerosas marchas bajo la consigna "educación pública, gratuita y de calidad"
"Lo que ha planteado la presidenta en la cadena nacional (...) nos llena de preocupación y desaliento", afirmó de su lado Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso.
La ley consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final del mandato de Bachelet (2018), y desde ahí establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal.
El proyecto mantiene la convivencia de universidades públicas con las privadas, al igual que el actual sistema de créditos y becas para el financiamiento del pago de los aranceles.
Con una matrícula que hoy supera el millón de estudiantes, la gratuidad total fue la gran promesa de campaña de Bachelet, que se había comprometido a llegar al 70% de la matrícula hacia el final de su mandato y al 100% en 2020, comprometiendo políticas del próximo gobierno.
"Los países no pueden pensar sus políticas públicas en el corto plazo", defendió este lunes el portavoz oficial del gobierno Marcelo Díaz.
La gratuidad universal ha sido defendida por años en la calle por estudiantes que han protagonizado cientos de marchas, exigiendo el fin del sistema educativo que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que propició el ingreso de privados y redujo a menos de la mitad el aporte público a la educación.
Como consecuencia, Chile cuenta hoy con uno de los sistema educativos más caros y segregados del planeta. Hasta este año era imposible estudiar gratis en la universidad, pero tras una iniciativa temporal al margen de esta ley, el gobierno adelantó la implementación de la gratuidad para un poco más del 10% de los estudiantes con menos recursos.
Desde marzo de este año comenzó a regir una reforma de la educación escolar que estableció que los centros subvencionados por el Estado no pueden obtener ganancias ni pueden seleccionar a los estudiantes que ingresan, eliminando el copago que realizan los padres gradualmente en un periodo de 12 años.
"Desmontar un sistema de mercado es muy difícil hacerlo en un año o en dos años, ya que es un sistema que lleva muchos años, es muy complejo, muy heterogéneo. No estamos escribiendo en un papel en blanco", defendió la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
El proyecto ingresó "sin urgencia" al Congreso, donde el oficialismo tiene una frágil mayoría en ambas cámaras, y ya se anticipa un crispado debate.
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