Se trata de una medida "excepcional" que pretende responder a "una situación excepcional de manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad" pero que ya estaba prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria "aprobada por Convergencia i Unió" en 2012, según ha explicado el secretario de Estado en declaraciones a la Cadena COPE, recogidas por Europa Press.
Fernández de Moya ha pedido al gobierno autonómico que "no se sitúe en la ilegalidad" y se ha mostrado confiado en que la Generalitat aceptará el control impuesto por el Ejecutivo porque "no sería un planteamiento sensato" rechazarlo.
"¿Es que la Generalitat va a decir que dejemos de pagar Educación, Sanidad, Servicios Sociales o las prestaciones por dependencia? ¿Es que la Generalitat va a decir que no paguemos a los empleados públicos que prestan sus servicios en el ámbito de Cataluña? No entra dentro de un planteamiento sensato el hecho de que no se certifique por parte de la Intervención de la Generalitat este tipo de cuestiones", ha planteado.
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