La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que reconoce los derechos de Oriol Junqueras como eurodiputado y su validez para aplicarse como precedente jurídico a los también elegidos Carles Puigdemont o Toni Comín, cuestiona la posible detención de los dos exgobernantes catalanes. Una vez que ambos recojan su acta de diputado, y con la inmunidad reconocida desde el mismo día de las elecciones, lo lógico es que el Tribunal Supremo español tenga que pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo para que se mantenga la validez de su orden de detención en España (ya que se retiraron las euroordenes), dado que la instrucción del caso en nuestro país se produjo antes de que fueran elegidos en las urnas. Pero el fallo del TJUE complica que en los países europeos se le pueda perseguir judicialmente como en España. Lo que explica por qué el líder independentista se está planteando fijar su residencia en Perpiñán, situada en el País Vasco francés.
Es más, fuentes jurídicas conocedoras de este caso aseguran que la doctrina del Tribunal Supremo estima que no hace falta hacer esa solicitud de suplicatorio sobre un cargo público una vez que ha terminado la fase de instrucción del caso antes de tener el acta de diputado. No obstante, desde el Alto Tribunal aseguran que van a esperar a las alegaciones que ha solicitado a las partes del procés para caminar en un sentido u otro, según ha podido saber este diario. Pero esta circunstancia antes mencionada complica mucho que Puigdemont pueda moverse con libertad por España, ya que mantiene cuentas pendientes por una causa que ya está incluso sentenciada.
Esto supone que los tiempos de la instrucción y del posible suplicatorio al Parlamento Europeo sean claves para que Carles Puigdemont pueda beneficiarse del fallo sobre Oriol Junqueras. Esa solicitud de un tribunal a un Parlamento para poder procesar a un representante parlamentario va a ser fundamental en la causa que la Justicia española tiene abierta contra el expresident catalán. Las fuentes consultadas señalan que el caso de Puigdemont no tiene nada que ver con Junqueras, ya que es alguien que se ha declarado en rebeldía y que debió haber sido juzgado en el juicio de principios de año. Algo que está recogido en la instrucción que hizo Pablo Llarena, ya que el proceso de los fugados (en el que están Toni Comín o Clara Ponsatí) se separó de los que sí se sentaron en el banquillo. Por lo tanto, aún pesa una orden de detención contra ellos en España que tiene toda validez por ser previa a los resultados de las elecciones.
Según fuentes jurídicas, la decisión de la Justicia europea "es un bombazo político" que realmente "no tiene tanto recorrido jurídico". Especialmente por esa doctrina española que señala que no es necesario solicitar un suplicatorio a un Parlamento en una causa que ya ha terminado su fase de instrucción. Estas mismas fuentes estiman que esto debería aplicarse también "a los diputados europeos que sean originarios de España". Pero el fallo sobre Junqueras abre una nueva etapa en este sentido, ya que eso no está plasmado en las leyes europeas o en el reglamento del Parlamento Europeo. La misma cámara que sí recoge que los condenados en firme no tienen derecho a la inmunidad. Y Junqueras aún no tenía esa condición cuando se pusieron las urnas el 26 de mayo.
Pero los expertos consultados advierten de que hay que tener en cuenta las circunstancias de la inmunidad. En primer lugar, este privilegio solo aplica a hechos que se hayan llevado a cabo mientras se ostenta el acta. Algo que los líderes de ERC y Junts per Catalunya no cumplen, ya que el procés juzgó cuestiones ocurridas en el año 2017. Y en segundo lugar, la inmunidad no tiene efectos retroactivos, por lo que Junqueras no puede librarse por ser eurodiputado del delito que supuso la convocatoria de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Lo mismo le ocurre a Puigdemont, que si vuelve a España "debería ser detenido", según estas fuentes.
La otra gran novedad a tener en cuenta tras la decisión europea es que un eurodiputado ya debe considerarse como tal desde que se conocen los resultados de las urnas. Esto sitúa a Puigdemont o Comín como parlamentarios de pleno derecho desde el 26 de mayo, y no desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de junio que habían sido elegidos como representantes de los ciudadanos españoles en la UE. Esto puede dejar sin validez el último auto del juez Pablo Llarena sobre el expresident en el que rechazaba suspender la orden de detención contra él, ya que su contenido se conoció el pasado 14 de junio.
Desde el entorno de Puigdemont ya ha comenzado la presión lógica contra el Parlamento Europeo. Su abogado, Gonzalo Boye, ha instado a la Eurocámara a que se pronuncie sobre su defendido tras conocerse el contenido del fallo que reconoce la inmunidad de Junqueras. De ahí que el Tribunal Supremo también se esté moviendo con rapidez para que otra instancia no se pronuncie antes que sus magistrados. Según fuentes jurídicas, el Alto Tribunal español ha hecho siempre "lo que tenía que hacer" con respecto a Junqueras y Puigdemont. Lo que, aseguran, descarta por completo que se equivocaran cuando preguntaron a la Justicia europea por la inmunidad del líder de ERC.
Los próximos cinco días hábiles son los que van a marcar el devenir de este caso. Ese es el plazo que tiene el Supremo para presentar alegaciones a la decisión europea sobre el principal condenado por el procés. También se pondrán los focos sobre Pablo Llarena, que debe decidir si da el paso de atreverse a volver a poner la mesa la euroorden contra Puigdemont y el resto de fugados. El Gobierno de Pedro Sánchez será el otro actor importante por su papel político. Pero las fuentes consultadas señalan que "todo esto corresponde a la Justicia, no a Moncloa".
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