La división española de Deliveroo se fue diluyendo como un azucarillo dentro de la estructura de todo el grupo antes de cruzar la puerta de salida. La compañía acaba de comunicar a los inversores en Londres (Reino Unido) que durante los nueve primeros meses del año los pedidos en la plataforma apenas sumaron 100 millones de euros, lo que supone apenas el 1,6% del total. Tal y como reconoció la propia empresa en el momento del anuncio de su marcha, la caída del negocio y la 'irrelevancia' en el mercado frente a otras compañías como Uber, Glovo o Just Eat han pesado como una losa.
En 2020, según ha reflejado la empresa en un hecho relevante, esos nueve primeros meses del año -especialmente marcados por las restricciones a la movilidad y la entrega a domicilio por el confinamiento-, la empresa británica sumó en España un total de 80 millones de euros (68 millones de libras). Es lo que se conoce como GTV por sus siglas en inglés, es decir, el volumen total de dinero que se mueve entre todos los pedidos. De esa cantidad ellos se quedan una comisión cobrada al cliente y otra que varía dependiendo de los diferentes acuerdos con las cadenas de restaurantes y con los socios.
Esa comisión no se suele hacer pública, pero en caso de que la media total por pedido fuera de en torno al 25%, la facturación neta sería de apenas 17 millones de euros, muy lejos de los números de sus rivales más directos. En 2016, el primer año de actividad completo y último sobre el que ha presentado cuentas ante el Registro Mercantil en España, la propia Deliveroo rozó los 4 millones de euros. Para tener una referencia de la competencia, Just Eat España reveló unos ingresos de 44 millones en 2019 -último año disponible-, mientras que Glovo declaró una facturación neta de 360 millones en todos sus mercados, más allá del español. En el caso de Uber se desconocen los números, pues los declara a través de la matriz radicada en Países Bajos por su estructura fiscal, similar a la de otros gigantes tecnológicos.
Esos 80 millones de euros en transacciones de Deliveroo representaban apenas el 2,4% del total del volumen de las transacciones a nivel global de la empresa participada por el gigante Amazon, presente en 14 mercados. En este año 2021, esa cifra creció hasta rozar los 100 millones. Pero ese crecimiento estuvo muy lejos de lo que logró la empresa en otros territorios mucho más maduros y en los que tiene posiciones de mayor liderazgo. Esto hizo que esa proporción bajara hasta el 1,6%, lo que suponía un papel aún más testimonial pese a ser, junto a Glovo, la pionera de esta segunda generación de plataformas de entregas con seis años de trayectoria.
Esa irrelevancia pesó de manera significativa en la decisión de salir de España, tal y como reconoció en el comunicado que hizo público el pasado verano y que precedió a la negociación que culminó hace unas semanas. "Lograr y mantener una posición de mercado de primer nivel en España requería un nivel desproporcionado de inversión con retornos potenciales a largo plazo altamente inciertos que podrían afectar a la viabilidad económica del mercado para la empresa", aseguraban. Estos números lo confirman, pues durante los seis primeros meses de este 2021, antes de que se pusiera en marcha la nueva 'ley rider' -que obligaba a dar de alta a los repartidores como empleados- el peso de la división española no dejó de caer en el negocio global.
Acuerdo laboral
Las operaciones de la empresa cotizada en Londres concluyeron el pasado 29 de noviembre. En esa fecha llevó a cabo el despido de casi 4.000 empleados, de los que algo más de un centenar eran miembros de la estructura y el resto trabajaban como repartidores. Todos recibieron indemnizaciones de 45 días de salario por año trabajado, con un nivel mínimo de 1.000 euros en caso de no alcanzarlo. Este último fue el capítulo que se intentó elevar por parte de los sindicatos, que exigían una mayor antigüedad de los repartidores dados de alta como empleados el pasado verano, cuando se anunció el ERE.
También se alcanzó un pacto con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para zanjar toda la deuda acumulada de cotizaciones sociales reclamadas a través de las diferentes investigaciones iniciadas por la Inspección de Trabajo. Lo que se desconoce es el contenido de esos pactos y si en ellos se ha incluido algún tipo de facilidad de pago, con fraccionamientos y plazos más cómodos. El pasivo superaba los 3 millones de euros a principios de este año 2021.
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