La ley de startups continúa avanzando y los relojes ya marcan la cuenta atrás para su aprobación. El anteproyecto, más conocido como 'Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes', fue aprobada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en julio de este año. Sin embargo, no quedó exenta de polémicas y los agentes del sector de la economía digital y el emprendimiento innovador cargaron contra la ministra Nadia Calviño por la 'escasez' del documento y decidieron presentar una propuesta de mejora. Hoy, según fuentes de Economía consultadas por La Información, están en un nuevo proceso de análisis del texto junto a los ministerios, para poder llevarla a segunda vuelta del Consejo de Ministros en noviembre de este año.
Esto después de que la vicepresidenta primera haya asegurado durante la celebración del 'megaevento' South Summit, que la ley llegará "pronto" a la tramitación parlamentaria para que sea aprobada por el poder legislativo durante el primer semestre de 2022. En 2019, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en que España tenía que liderar la revolución digital y decidió anunciar esta normativa que busca impulsar el emprendimiento e impulsar al país como un 'hub' de inversión y creación de empresas, además de fomentar la regularización e incentivos.
A dos años de su aviso, y sin una fecha definitiva para obtener 'luz verde', los agentes continúan insistiendo en mejorar ciertos detalles clave para el sector. En la propuesta enviada al Gobierno por Adigital, Asociación Española de Startups, Spain Startup, Ascri (Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión), Startup Valencia, Tech Barcelona, Foment del Treball y AseBio, incluyen una serie se medidas en torno a cinco ejes que buscan mejorar el borrador. Estos son la definición y acreditación de empresa emergente, incentivos fiscales para el ecosistema, incentivos fiscales para la inversión, atracción y retención del talento, y entornos controlados de pruebas.
Entre ellos destacan la precisión de la definición de empresas emergentes, porque creen que de ello depende que se terminen aplicando o no las medidas e incentivos que se describen en la futura ley. Al mismo tiempo enfatizan en que se debe expandir el plazo en que una empresa puede ser definida como startups porque este tipo de compañías representan el 63% de los emprendedores de España. Otro punto clave que solicitan es incorporar los incentivos fiscales para el ecosistema, lo cual Sánchez ha explicado, que el Ejecutivo busca "una estrategia y un marco legal específico" para los emprendedores que además contará con "ventajas fiscales e incentivos de inversión".
Específicamente pedían una mayor ambición para este punto específico del documento. En cuanto a la atracción y retención del talento, lo que más destacan para incluir es la creación de un programa de 'startups Visa' para poder agilizar los trámites para la atracción de talento extranjero. Finalmente, recomiendan apostar por los 'sandbox' regulatorios como un instrumento de información para experimentar sobre nuevos modelos de negocio para facilitar la labor del legislador futuro.
Esta ley debe recibir la aprobación de cinco ministerios para su próxima implementación. Se trata de la cartera de Calviño, el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero junto al de Seguridad Social de José Luis Escrivá para la fiscalización; el de Industria, Comercio y Turismo de María Reyes Maroto para obtener la visión del ecosistema del emprendedor. Y finalmente el de Ciencia e Innovación, capitaneado por Diana Morant. Una vez que ya se apruebe esta 'versión 2.0', pasará a otra consulta pública para ir al Consejo de Ministros como el nuevo anteproyecto de ley.
Incluso, María Benjumea, CEO de South Summit y de Spain Startup, comentó en entrevista con este medio que "existe un gran reto con la normativa española de aquí en adelante" porque esta nueva ley de startups abrirá un "nuevo mundo de oportunidades" para la industria. Ahora solo falta esperar al visto bueno del Consejo de Ministros para antes de Navidades. Por el momento, Economía continúa evaluando el texto junto a los demás ministerios, pero aún no han aclarado si la normativa incluirá o no las reivindicaciones propuestas por los representantes del sector.
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