La llamada 'ley rider' obligó a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores. En un sector caracterizado por la precariedad laboral y la alegalidad de sus plantillas este compendio legislativo entró en vigor el pasado 12 de agosto. Fue justo un mes antes, y como consecuencia de esta reforma, cuando Deliveroo anunció el cese de sus operaciones en España. Un punto de inflexión crucial en este sector vino de la mano del Tribunal Supremo en septiembre de 2020, cuando publicó un auto en el que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Paralelamente, profesionales del sector decidieron adentrarse en el mundo del cooperativismo y la economía colaborativa estableciendo sus propias cooperativas de 'riders'. Estas pequeñas entidades integran una plantilla reducida de repartidores y acuerdan directamente con un abanico de negocios concreto la oferta de sus servicios. Tanto repartidores como los dueños de los propios negocios subrayan el compromiso social y laboral con el que nacen estas cooperativas de envíos, siendo su principal impulsor en su creación.
Es el caso de La Pájara, una de las cooperativas que trabajan en Madrid capital. Martino Correggiari, uno de sus cofundadores, detalla a La Información cómo sus trabajadores son antiguos repartidores de Deliveroo o Glovo. Durante las primeras huelgas en el sector del pasado 2017, junto con las condiciones precarias y falta de seguridad que envolvían sus puestos de trabajo, empezaron a interesarse por el modelo que planteaban las cooperativas en su sector. "Montamos este proyecto con la idea de que fuese local y para mantener nuestros derechos y una dignidad profesionalizada", indica Correggiari. "No queremos repetir el esquema de las plataformas".
"No queremos repetir el esquema de las plataformas"
Más de 600 pedidos al mes y otro modelo de tarifas
Finalmente, La Pájara se estableció en 2018 como un ejemplo de "economía social y solidaria". Los envíos los gestionan a través de Coopcycle, un agregador de cooperativas y los propios restaurantes donde puede acceder el cliente a confeccionar su pedido. Dentro de sus cifras, Martino Correggiari expone a este periódico que pueden tratar "entre unos 400 o 500" por mes con los 35 restaurantes con los que operan en la actualidad. A esto se le añaden los 100 envíos personalizados, aproximadamente, de mensajería programada y otros 200 del servicio "última milla".
La principal diferente entre ellos y las grandes plataformas son las tarifas que establecen tanto como al cliente como a los propios restaurantes y otros negocios. Estas suelen ser más altas para el consumidor, por el "lujo que supone este servicio", y más bajas para los establecimientos. Según las propias palabras de Correggiari, las grandes plataformas sacan un promedio del 35 % a los restaurantes, y suponen unos "porcentajes muy abusivos" para pequeños negocios y a los que únicamente pueden acceder las grandes cadenas. Al contrario, al cliente casi no se le carga ningún extra.
Este compromiso es compartido de igual manera por los propios restaurantes. Alberto Ricci, encargado del restaurante Menomale de Madrid, asegura a La Información que La Pájara "se acerca a su idea de lo que deberían de ser los repartos en la ciudad. En esta misma línea se expresa Marion, dueña del restaurante L'Adoré también ubicado en la capital. Llegaron a ellos gracias a unos amigos en común y ella misma reconoce que "no trabajan con otras empresas de entrega a domicilio". "Nos gusta que todo lo que corresponde por los altos cargos en la entrega, que paga el cliente, vaya directamente a La Pájara", espeta Marion. "No confiamos en el trato que dan a sus empleados las grandes plataformas".
Una 'ley rider' con poco calado
Fernando García, portavoz de Riders Por Derechos, destaca el monopolio que ejercen empresas como Just Eat o Glovo. Al trabajar a pérdidas para afianzar su terreno o área de influencia, fijando ellos mismos los precios, cualquiera que se plantee trabajar de una forma "más orgánica" no puede competir contra ellos. "Hacen dumping. A esto hay que añadir el tema de los abusos laborales y los falsos autónomos", muestra García.
"Las plataformas dejan una parte muy residual del mercado y suelen ser restaurantes más comprometidos"
"Dejan una parte muy residual del mercado, que suelen ser empresas concienciadas o restaurantes más comprometidos", recalca Riders Por Derechos. En este sentido, a pesar de plantarse como una fórmula alternativa, el principal problema que se plantea es cuántos restaurantes son capaces de abarcar en un determinado espacio. A esto se le añadiría la existencia o no de alguna aplicación para ofrecer el servicio, el posicionamiento de la marca el grado de sensibilización del consumidor medio.
El experto en derecho laboral y profesor colaborador en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Pere Vidal López, recalca que la 'ley rider' no ha supuesto un "paso ganado" en el sector. Esto se debe a que el auto del Tribunal Supremo, junto con lo detallado en el Estatuto de los Trabajadores, ya dejó estipulado la naturaleza ilegal de las relaciones laborales encubiertas por contratos de servicio. "El procedimiento legal para establecer una denuncia y una sanción se prolonga mucho en casos particulares. Esto con la ley no ha cambiado", alega Vidal.
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