El 70% de los autónomos no recuperará su estabilidad económica hasta 2023

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos (ATA) ha criticado que siete de cada diez autónomos no conseguirán recuperarse hasta "bien entrado" el año 2023 y ha solicitado que no se pongan "zancadillas" tanto a empresas como a autónomos porque las "heridas" que han sufrido estas entidades con la pandemia volverán a abrirse, dejarán de cicatrizar y provocarán que se vayan a "desangrar". 

Amor ha mantenido una reunión con la CEOE este jueves en Valladolid para  para analizar la situación de los autónomos de la provincia, y ha querido resaltar que las empresas ni están "tan bien" como algunos quieren mostrar ni tampoco existe una recuperación tan elevada como otros dicen, pero por otro lado la situación tampoco es "tan mala" como otros quieren "venderlo".

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Los autónomos, en palabras de Amor, están mejor que hace un año, pero los empresarios todavía se encuentran "cerrando heridas", que cicatrizan después de que en mayo de 2020 cayeran "a plomo" desde un duodécimo piso hasta la planta "menos tres" y, aunque se ha empezado a ver "un poquito más de alegría", aún están ascendiendo alturas de una forma muy lenta. 

A esto, el presidente de la ATA ha añadido que "todavía nos quedan diez plantas", en referencia a que, si bien están "mejor" que el año pasado, la caída de muchas actividades "es tremenda", pues la mayoría de los autónomos y de la pequeña empresa, con lo que venden, no cubre ni los costes ni lo que tienen pendiente de pagar todavía aplazado de los dos años previos.

Recuperación en 2023

Desde la ATA consideran que "vender" una recuperación solida y consolidada mientras siete de cada diez autónomos no va a llegar su recuperación "hasta bien entrado 2023" es algo "muy grave". Las razones esgrimidas para este retraso son el coste actual de la luz, un 400% más cara, y el precio de los carburantes, pues llenar el depósito supone a un autónomo en torno al 35% más que el año pasado.

Además, ha apuntado que los precios de materias primas y componentes se han "disparado", al igual que los costes laborales y la fiscalidad, y critica que a corto plazo se esté hablando de subir las cotizaciones sociales. Amor ha querido recalcar que "la vaca no da más leche" y ha pedido que "dejen todos de ordeñar" con más impuestos, cotizaciones y trabas.

En línea con estas "zancadillas", Amor ha declarado que el momento actual es "complicado" para las empresas, pero mientras se habla de una reforma laboral y de un impuesto de "diseño", pero no oye nada en relación reducir impuestos, cotizaciones, trabas administrativas o el gasto en la Administración, algo que ha ejemplificado a través del Gobierno alemán, un tripartito que tendrá 16 ministerios.

"Yo creo que a veces a la ciudadanía hay que darle ejemplo", ha agregado Amor, quien ha advertido de que la OCDE ya ha dado un "tirón de orejas" al Gobierno y ha dicho que el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) no va a servir para cubrir el déficit de la Seguridad Social, algo que tanto CEOE como ATA ya habían resaltado. Este MEI, ha destacado el presidente de ATA, es "malo para todos" porque supone un problema que hay que atajar desde el ámbito político, dado que afecta no solo a las pensiones de hoy, sino también las del futuro, y no soluciona el problema de los jóvenes a largo plazo que tendrán que seguir cotizando.

Cautos con la reforma laboral

Lorenzo Amor se ha mostrado preocupado por las reformas que se plantean en torno a la normativa laboral, cuando el empleo va "mejor" que la economía, con datos positivos, aunque con un tirón importante del empleo público. No obstante, ha incidido en que hay que tener en cuenta de dónde se viene y cómo está la economía, y ha avisado del peligro que supone establecer rigideces o eliminar flexibilidad en el ámbito de la normativa laboral.

El presidente de ATA ha señalado el compromiso con lo que demanda Europa y la necesidad de reducir temporalidad para llegar a la media europea, pero cree que también es "indudable" que la economía española depende del sector servicios, donde se concentra gran parte de esos contratos temporales. Además, Amor ha afeado que la Administración Pública ya que la temporalidad en el sector estatal está en el 32%, resaltando el 42% del empleo público en el País Vasco, mientras que en el sector privado se sitúa en el 23%.

Para Amor temporalidad no se puede tratar como sinónimo de precariedad porque, según ha declarado, eso es desconocer la realidad empresarial, ya que si, por ejemplo, en un bar se contrata dado un puente o un festivo a un trabajador extra debido a que la actividad económica aumenta, éste habrá cobrado según el convenio, por lo que no habría precariedad.

Aún así, ha reconocido que hay que trabajar todos para que cada día los contratos fijos puedan ser mayores, pero ha apuntado que en el mes de noviembre la tasa de contratos fijos ha llegado al 14% del total, una cifra que no se conocía en España desde 2007, por lo que algo se estará "haciendo bien". Amor ha abogado por que "se pise la calle" y ha insistido en que "la economía real va por un lado y la política por otro".

Mantener la flexibilidad

Amor ha querido puntualizar que todavía se desconoce cómo se articulará la reforma laboral ni si esta perjudicaría a los autónomos, aunque analizando la normativa vigente ha resaltado que en el momento de su implementación se partía de una tasa de temporalidad en 2007 de un 32% y con la reforma laboral de 2012 la cifra se ha llevado al 24%, al tiempo que ha permitido crear entre 2012 y 2018 tres millones de empleos.

No obstante, reconoce que hay que corregir la temporalidad o el desempleo juvenil, por lo que desde la ATA se mostrarían de acuerdo en mejorar la normativa en todo lo que cubra esas deficiencias. Para conseguirlo ha apelado a trabajar y dialogar, pero ha insistido en que con la normativa laboral de 2012 a los autónomos les ha ido bien, tras lo que ha señalado que "uno se cansa un poco de escuchar" que hay más temporalidad que en 2012, algo que "no es verdad", pues esta ha bajado, y de encontrarse temporalidad, esta se recoge en el ámbito de la Administración Pública, según indican los datos del Ministerio de Trabajo o la EPA.