El Ministerio de Fomento está decidido a que el proceso de renovación de las principales concesiones de rutas interregionales en autobús se traduzca en un abaratamiento del precio de los billetes para los viajeros. Los dos primeros pliegos que ha lanzado al mercado, que se corresponden a las rutas Madrid-Toledo -la que mueve a un mayor número de viajeros de toda la red estatal y cuyo valor estimado ronda los 10 millones de euros anuales- y Valladolid-Soria-Zaragoza, no sólo han bajado el valor estimado de los contratos respecto a los pliegos publicados en su día por el Gobierno del PP -que el Gobierno del PSOE suspendió al poco de llegar al poder- sino que otorgan un peso decisivo al precio de los billetes que ofrezcan las empresas candidatas, lo que ha desencadenado una ola de recursos ante la Justicia y protestas por parte de las principales organizaciones del sector.
"Lo que tememos es que pueda dar lugar a ofertas con una calidad técnica mediocre o sostenidas sobre bajadas tarifarias que luego hagan insostenible el servicio durante toda la vigencia de la concesión, como ya ha ocurrido en anteriores licitaciones con pliegos similares", advierten desde Confebus, la patronal que agrupa a las principales empresas del sector. En esas dos primeras concesiones que se han sacado a competencia, el Ministerio ha otorgado al factor precio un peso del 34% en los criterios que va a tener en cuenta a la hora de elegir una u otra empresa concesionaria.
Fuentes del sector aseguran que desde Fomento se les ha trasladado su intención de que el proceso, que llevará a la renovación de cerca de 40 concesiones (del total de 83 de titularidad estatales) entre las que se cuentan nueve de las diez que superan el millón de viajeros al año, lleve a una reducción de las actuales tarifas que se cobran.
En juego, el negocio de los grandes 'players' del sector, como Alsa, Monbus, Avanza, Linecar, Socibus, Globalia, Cevesa o Subus, que ya presentaron sus ofertas a las dos concesiones activadas por Fomento y que en los próximos meses se jugarán su posicionamiento en el segmento del transporte por carretera. En los casos de Alsa, Arriva o Globalia también están en liza sus opciones de poder plantear una oferta intermodal integrada si son capaces de adjudicarse alguno de los tramos ferroviarios que el Estado español sacará al mercado.
El sector, por el contrario, entiende que las tarifas actuales ya son muy económicas y que sus márgenes son lo suficientemente ajustados para que una vuelta de tuerca más pueda tener más efectos perniciosos que beneficiosos. Desde Confebús señalan que esta estrategia gubernamental "no solo no contribuirá a garantizar la movilidad de todos los ciudadanos, sino que además conllevará la pérdida de valor de los contratos y por tanto del sector". Y todo ello, además, en un momento crítico para el sector, en el que las futuras empresas concesionarias deberán soportar durante el periodo la nueva competencia que se derivará de la liberalización ferroviaria en algunos de los trayectos más atractivos y rentables del paquete de rutas estatales y con la eventual presión regulatoria derivada de las exigencias europeas en eficiencia energética y seguridad como coste latente a futuro.
De hecho, desde el sector no se ha entendido muy bien que el Ministerio de Fomento haya intentado por ejemplo renovar la concesión de la línea Madrid-Granada (cuyo plazo venció en 2012), que determinará el valor y la titularidad de la ruta para los cinco o diez próximos años, en un momento en el que se acaba de poner en marcha el tren de alta velocidad en ese mismo trayecto, con lo que ese factor puede condicionar el negocio del futuro concesionario.
Tampoco entienden que el proceso se aborde antes de haber realizado una evaluación de funcionamiento del modelo concesional, sin haber realizado un mapa de necesidades y sin haber planteado complementariedad alguna tanto con las rutas autonómicas que ya operan como con otros modos de transporte como el tren.
Tarifas que cubran los costes del servicio
El Ministerio de Fomento, por su parte, alega que los pliegos buscan garantizar unas "tarifas razonables que cubran los costes", eso sí, sobre el bien entendido de que "el transporte deber ser un servicio público y forma parte de las políticas del Gobierno para favorecer la integración social, la igualdad de acceso y movilidad de todos los ciudadanos, así como el crecimiento equilibrado en todo el Estado".
Según Fomento, otro de los objetivos es "dar garantías de seguridad jurídica a las empresas con licitaciones transparentes, equitativas y no discriminatorias que favorezcan la concurrencia en beneficio del usuario, aporten garantías de seguridad jurídica resolviendo cuestiones planteadas en distintas sentencias recibidas en la judicialización del proceso de licitaciones habidas hasta la fecha". Sin embargo, esa voluntad de pulcritud no ha impedido que las licitaciones hayan sido objeto de recurso por organizaciones del sector, según confirman las fuentes consultadas.
La patronal Confebús ha solicitado formalmente al Ministerio de Fomento una modificación de los criterios de valoración de las ofertas para establecer un cierto equilibrio entre la oferta económica y otros factores que entienden que van a tener relevancia en el futuro, como la seguridad, la calidad del servicio o la eficiencia medioambiental.
El Gobierno quiere acelerar el proceso de renovación de concesiones de las rutas de transporte por carretera, muchas de las cuales caducaron ya hace más de un lustro, y su intención es ir a un ritmo de un par de concesiones al mes durante los próximos 15 o 18 meses.
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