El Gobierno del PSOE ha aumentado y corregido la posición más liberal enunciada en la Ley del sector ferroviario que elaboró el Ministerio de Fomento en la anterior etapa del Partido Popular. El titular del departamento, José Luis Ábalos, ha mantenido al pie de la letra la normativa redactada por su antecesor, Íñigo de la Serna, pero además ha recuperado la disposición adicional decimosexta que Renfe había conseguido eliminar en los primeros borradores con la intención de preservar su condición de operador histórico y dominante en el nuevo mercado liberalizado.
La transición del monopolio a la competencia es un proceso ineludible e irreversible, entre otras razones porque viene impuesto desde la Unión Europea. La clave ahora reside en el modo y manera que utilizan los distintos Estados miembros para adaptar las directivas comunitarias sin quebrantar los objetivos de rentabilidad de las multimillonarias inversiones realizadas en las respectivas redes públicas. En España, el erario público ha destinado más de 51.000 millones de euros, de los que buena parte no han sido todavía amortizados.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) puso el dedo en la llaga hace dos semanas cuando advirtió oficialmente que la red del AVE necesita nuevos operadores además de Renfe para retribuir a Adif los 35.000 millones invertidos en esta infraestructura. La incorporación de nuevas empresas privadas a lo que constituye el corazón del negocio de la empresa estatal exige que la propia Renfe colabore mediante el alquiler y mantenimiento de su material rodante a los que han de convertirse en potenciales rivales y lo ha de hacer, además, de forma transparente y no discriminatoria.
En definitiva, Renfe tendría que 'pegarse un tiro en el pie' para facilitar una liberalización que viene impuesta por Bruselas, pero a la que no todos los países comunitarios están respondiendo con la misma naturalidad. El diputado de Podemos, Sergio Pascual, ha recriminado al Gobierno la puesta en marcha de una regulación que, al final, trasvasará a favor de intereses privados el patrimonio de todos los españoles. A este respecto cabe señalar que la Francia de Enmanuel Macron se ha bajado del tren liberalizador para desplegar una batería de medidas que suponen otras tantas barreras de entrada a su red ferroviaria.
Renfe consiguió persuadir al exministro De la Serna para que retirase la obligación de facilitar la incorporación de los operadores privados con el material rodante de la propia compañía estatal. Sin embargo, cuando el proyecto de ley fue reconvertido la pasada semana en decreto ley para su convalidación inmediata en el Congreso de los Diputados el nuevo texto legal incorporó otra vez la célebre disposición adicional decimosexta. Una situación que hubiera pasado inadvertida de no ser por la insistencia del citado representante de Podemos, quien apostilló al presidente de Renfe, Isaías Taboas con cierta sorna: "Permítame decirle que le han colado un gol", señaló en su intervención durante el debate de Presupuestos. A lo que el titular de la empresa pública replicó también con no poco sarcasmo: "En todo caso es un gol que me ha marcado mi entrenador".
Regulación asimétrica, peligro inminente
Sea como fuere el caso es que Renfe tendrá que facilitar el acceso de los operadores a parte de su material, de forma transparente, objetiva y no discriminatoria, dando publicidad a su oferta de tal forma que su contenido pueda ser conocido por todas aquellas empresas ferroviarias que estén interesadas. Además la operadora estatal deberá garantizar que sus filiales Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A. y Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. guarden la debida confidencialidad en el manejo de la información relevante relativa al negocio de terceros a la que, en su caso, tengan acceso en el ejercicio de su actividad.
El peligro inminente del nuevo marco normativo no reside simplemente en que la operadora controlada por el Ministerio de Fomento se vea atacada en su mercado natural por otras compañías competidoras españolas. La mayor amenaza es que las grandes multinacionales extranjeras se apresten a tomar posiciones en la red ferroviaria nacional con el respaldo de sus respectivos Estados y sin disponer a cambio de una contrapartida que permita a Renfe hacer lo propio en los países de nuestro entorno. Europa ha reclamado la liberalización pero no ha exigido una regulación simétrica en todo el territorio de la Unión y el problema es que España ha levantado sus cartas sin tener en cuenta las bazas de sus más poderosos vecinos comunitarios.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios