El Gobierno anunció el pasado mes de diciembre una rebaja general del 30% en las tarifas a cobrar en los peajes de las autopistas y radiales rescatadas por el Estado con el objetivo de fomentar su uso y elevar sus ingresos. La nueva escala tarifaria se activó desde el 15 de enero de este año y se aplicó en las vías bajo gestión de la sociedad estatal Seittsa: R2, R3, R4 y R5; la AP36, entre Ocaña y La Roda; la AP41, que une Madrid y Toledo; la AP7, que enlaza Cartagena y Vera (Almería); la circunvalación de Alicante, y la M-12, que desemboca en la T4 de Barajas.
El acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre que dio cauce a la medida justificó la decisión del Gobierno a partir de un estudio sobre tráficos esperados en esas vías elaborado por la empresa Typsa en virtud del cual Fomento entendía que era "coherente pensar que una disminución de tarifas induciría más tráfico en las autopistas hasta el punto de que pudiera incrementarse la recaudación sustancialmente".
Una de las empresas privadas afectadas por la decisión gubernamental fue la Sociedad Concesionaria de la A4 -propiedad de Roadis, la concesionaria global de autopistas del fondo de pensiones canadiense PSP- que se encarga del mantenimiento y conservación del tramo de la muy transitada Autopista de Andalucía entre los kilómetros 3,75 y 67,500. Lo hace bajo un esquema de peaje en la sombra, lo que significa que sus ingresos vienen de la Administración y dependen en buena medida, además de otros factores como el estado de conservación de la vía y la calidad del servicio, del número de vehículos que transiten por ese tramo a lo largo del día. Es decir, que un eventual incremento de tráfico en la R4, que discurre en paralelo a su concesión, podría tener un impacto significativo sobre sus ingresos.
Movida por esta incertidumbre, la Sociedad Concesionaria de la A4 solicitó formalmente al Ministerio de Fomento el pasado 25 de enero el informe de Typsa que sustentó la decisión del Ejecutivo de rebajar los peajes de las autopistas rescatadas a fin de conocer las expectativas que tiene el Gobierno sobre la evolución del tráfico en la R4 y, por tanto, también sobre su potencial evolución en la autovía bajo su concesión. La información es considerada esencial por la compañía en su condición de concesionaria de la Autovía A4 "vía que por su trazado y características se presenta como alternativa de circulación a la R4".
La solicitud fue respondida de forma negativa por Seittsa, la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Fomento que ha asumido la gestión de las autopistas rescatadas, con el argumento de que se trata de información sensible, cuya revelación podría afectar "tanto a los intereses económicos y comerciales, como a la garantía de confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma decisiones, ya que se trata de una información de apoyo para la toma de decisiones relevantes a estos efectos".
Los intereses como telón de fondo
Si esto se conoce es porque, ante el veto de Fomento, la Sociedad Concesionaria de la A4 ha decidido recurrir a Transparencia para forzar al Ministerio de Fomento a entregarle ese informe de Typsa, y el expediente detalla las posiciones y los argumentos de ambas partes en un conflicto en el que la sociedad concesionaria afectada entiende que se dirime la evolución de su negocio en los próximos años.
La negativa del Ministerio de Fomento a entregar el informe se sustenta en el interés mostrado en su día por Roadis, accionista de referencia de la Sociedad Concesionaria de la A4, en el proceso de 'relicitación' de la gestión de las autopistas rescatadas abierto en su día por el Gobierno del PP. Argumenta el Ministerio, según figura en la documentación presentada a Transparencia, que "facilitar el estudio de Typsa a cualquier empresa, supondría otorgarle una ventaja sustancial sobre otras empresas que pudieran estar interesadas en la futura licitación de las autopistas y supondría un perjuicio económico y comercial para el Estado". Recuerda también el departamento dirigido por José Luis Ábalos, que Seittsa tiene el encargo de preparar la documentación necesaria para la licitación de las autopistas y que dentro de esa se encuentra el informe de Typsa.
El Consejo de Buen Gobierno y Transparencia tenía, por tanto, sobre la mesa un conflicto en el que una sociedad concesionaria invocaba su derecho a conocer el impacto estimado sobre su negocio de una decisión gubernamental que varió el terreno de juego sobre el que estaba ejecutando un contrato de concesión, y en el que el Estado defiende su derecho a mantener en secreto a ojos de uno de los potenciales 'players' las estimaciones de tráfico que sustentarán la futura relicitación de las autopistas de peaje temporalmente gestionadas por el Estado.
La resolución de Transparencia se publicó hace apenas unos días y obliga al Ministerio de Fomento a proporcionar a la Sociedad Concesionaria de la A4 el informe sobre tráfico de Typsa que sustentó la decisión del Gobierno de rebajar un 30% las tarifas de los peajes de las autopistas rescatadas. Transparencia entiende los argumentos del Ministerio de Fomento para no entregar esa información, pero considera que son endebles a la vista de que se ha encomendado la gestión a Seittsa durante los próximos tres años, hasta el 30 de junio de 2022, con la posibilidad de prorrogar dicho encargo durante cinco años más (hasta 2027) y que por tanto "la futura licitación es muy futura" e impide evaluar el perjuicio concreto que generaría al Estado proporcionar esta información. A Fomento le queda ahora o cumplir con la resolución de Transparencia o plantear un recurso contencioso-administrativo contra la misma.
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