Abengoa apura el plazo para tratar de evitar el concurso de acreedores y su posible liquidación -que culmina el próximo lunes, 27 de julio- y lo hace en medio de negociaciones 'in extremis' entre sus principales acreedores, entre los que se encuentran el banco Santander, Bankia y Caixabank, en una operación que también incorpora al ICO (que no sólo avalaría el 70% del crédito, sino que además también haría de financiador) y a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
El futuro de la compañía andaluza depende también de lo que decida el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno que, según apunta el Diario de Sevilla, en principio sí estaría dispuesta a conceder los 20 millones de euros a los que se comprometía mediante un crédito. Eso sí, fuentes del Gobierno conocedoras de la negociación a las que cita el rotativo aseguran que la Administración autonómica no participará en el rescate sin tener "absoluta seguridad jurídica". Un extremo que no se daría a día de hoy.
El objetivo es asegurar una línea de liquidez por valor de 250 millones de euros que ha solicitado la compañía sevillana. Los bancos no quieren quedarse solos en el reflotamiento de una empresa que es clave para la autonomía y en el que también se ha implicado directamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez, puesto que el propio ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha coordinado las negociaciones con las distintas instituciones financieras para tratar de salvar la empresa.
Ésta ha solicitado además hasta 300 millones de euros en avales para poder afrontar nuevos proyectos. Tal y como avanzó La Información, esta parte de la reestructuración estaría ya cerrada, dado que el Cesce aportaría la mitad de esta cantidad y varias entidades financieras completarían la cuantía restante. Del mismo modo, se ejecutarán importantes quitas y reestructuraciones de deuda en las que Santander, Bankia, Calyon y KKR son los principales acreedores.
La firma que capitanea Gonzalo Urquijo está en una situación límite puesto que su negocio no le permite recuperar el desequilibrio patrimonial de casi 400 millones en el que incurre desde el cierre del último ejercicio y acumula además una deuda bruta de más de 5.900 millones de euros. La compañía no ha presentado aún sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que mantiene suspendida su cotización desde el pasado 14 de julio, cuando sus títulos cotizaban en 0,0161 euros.
Cuando el plan de reestructuración que actualmente se está negociando salga adelante y la compañía sanee sus balances y opte a nuevos contratos, la compañía podría tratar además de adherirse al fondo de ayuda para empresas estratégicas que se gestionará a través de la SEPI, aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros. De los 10.000 millones con los que está dotado, 3.000 se liberarán este año y será la empresa la que tendrá que solicitar su inclusión en este tipo de ayudas. Sería, en cualquier caso, una solución para garantizar su viabilidad pensando ya en el medio plazo y una vez resueltos sus problemas más inmediatos.
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