Movimientos en Abengoa. La banca y los fondos miran directamente al ICO para poder cerrar un movimiento necesario para salvar la compañía: la aprobación del denominado Plan Vellocino que impulsó el ahora expresidente Gonzalo Urquijo. Fuentes de las negociaciones marcan este viernes 15 de enero como fecha clave para cerrar la refinanciación que necesita la compañía para continuar viva. Pero no todas las partes lo consideran como una fecha inamovible e, incluso, algunas hablan de la posibilidad de que se vuelva a prorrogar el plazo. Sea como fuere, para que el plan salga adelante necesitan el visto bueno del Gobierno que, a través del ICO y el CESCE, es parte fundamental de este proceso. Por ello, fuentes financieras consideran que este organismo debe pronunciarse "cuanto antes" y esperan que lo haga en los próximos días.
La situación financiera de la compañía es límite, según fuentes conocedoras de las cuentas, pues Abengoa no ha presentado aún las de cierre de 2019 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los acreedores apuestan, por tanto, por evitar dilatar en el tiempo lo que consideran la opción más factible para tratar de salvar a la sevillana. Pero el plan de los acreedores de Abengoa y el antiguo consejo de administración -que fue expulsado por los minoritarios de la matriz y dimitió de la sociedad filial que mantiene el negocio hace apenas una semana- no concuerda ni lo más mínimo con el de los accionistas más pequeños que representa AbengoaShares y que se han organizado en torno a Clemente Fernández, expresidente de Amper.
De forma paralela a la negociación de los acreedores con el Gobierno, los minoritarios se han sindicado convirtiéndose en el mayor accionista de Abengoa SA, la matriz quebrada, con más de un 16,4% del capital. Cabe recordar que los pequeños propietarios fueron los que consiguieron destituir a Urquijo del consejo de administración de la matriz bajo la batuta de Marcos de Quinto, exvicepresidente mundial de Coca-Cola. Tras este movimiento y el nombramiento de un nuevo consejo de administración, De Quinto firmó una primera modificación del Plan Urquijo que fue rechazada por la mayoría de los accionistas y conllevó su salida del proyecto. Los entonces consejeros decidieron no seguir el mandato de quienes les habían nombrado y continuar las negociaciones del plan de sus predecesores.
Fuentes conocedoras señalan a La Información que, como accionista representativo de la compañía, deberían ser ellos los interlocutores en la negociaciones y no el consejo de administración que conforman Margarida Smith -cuñada de Marcos de Quinto, anterior cabeza de los minoritarios- y Juan Pablo López-Bravo, presidente actual de Abengoa SA. De acuerdo con sus propios datos, ni el Gobierno ni los bancos se habrían sentado con ellos ya que, en sus palabras, "no les consideran un interlocutor relevante". Por ello, han preparado su propio plan que pasa por una ampliación de capital sobre la compañía que ostenta el negocio, Abenewco1.
Fernández prepara una ampliación de hasta 30 millones de euros y que, de acuerdo con sus palabras, será íntegramente suscrita por los actuales accionistas de la compañía sevillana. El objetivo que se han marcado como una línea roja es la dilución de hasta un 50% de su posición actual, es decir, mantener una posición de un mínimo del 38,75% del capital, algo que consideran "innegociable". La cifra contrasta con la que propone el plan que intentan aprobar los acreedores -banca y fondos- y que les dejaría con un 2,7% del capital de la sociedad tenedora del negocio.
El desaire de la Junta de Andalucía dejó el plan en manos de Botín, el Estado se puso de perfil y la negociación se enturbió
Este plan se acordó el pasado mes de agosto supeditado a la aportación de la Junta de Andalucía de 20 millones de euros. Finalmente, y a unas horas de la finalización del primer plazo dado para su firma, el Gobierno regional de Juanma Moreno comunicó que no tenía un instrumento legal que permitiese llevar a cabo tal operación y que continuaría buscándolo. Pero casi cuatro meses después de estas afirmaciones, la pelota sigue en el tejado de la Junta de Andalucía y no parece que vaya a volver a ponerse en juego.
Ante la paralización completa del plan de reestructuración por la negativa del Gobierno regional andaluz, los bancos se movilizaron para firmar sin esa cuantía e incluso se barajó la opción de aportar los 20 millones de euros que debería haber puesto la Junta. Fuentes financieras apuntan a que Santander estaría dispuesto a hacerlo, pero para ello necesitan el visto bueno del ICO, que es quien debe aportar los avales. Por ahora, no ha habido ningún movimiento al respecto y el Estado sigue en el mismo punto en que se colocó hace ya varias semanas, en 'stand by'.
Los minoritarios amenazan con demandas si se lleva a cabo el plan de Urquijo sin su aprobación. "Los acreedores y los consejeros no harán nada hasta cerciorarse de que tendrán nuestro visto bueno para que les demos cobertura legal a sus actuaciones, sino cometerán una ilegalidad y se enfrentan a demandas por lo penal", señala un documento interno al que ha tenido acceso este medio. "El Estado no actuará en contra de unos propietarios de una empresa siendo conocedores de que hay un consejo ilegitimo y con fecha de caducidad. Los acreedores y los consejeros intentarán hacernos creer que sí. Que nos enseñen dónde están las firmas del acuerdo con el Estado", admiten en la misma documentación. Un capítulo más, pero la historia está lejos de acabarse.
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