Participación estatal

Sánchez quiere una posición relevante en el consejo de Abengoa tras el rescate

Tras varios meses de tira y afloja con los bancos y el Ejecutivo regional andaluz, la alternativa pasa ahora por la financiación y los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Abengoa, una pugna política, el papel de Ana Botín y la agonía de los accionistas
El Gobierno quiere tener una posición de control institucional en Abengoa. 
EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez mueve ficha ante la crisis de Abengoa y aspira a que el Estado tenga una participación de referencia en la estructura societaria del grupo andaluz una vez se culmine el proceso de rescate en el que ahora está inmersa la entidad. Tras varios meses de tira y afloja con los bancos y el Ejecutivo regional andaluz, la alternativa pasa ahora por la financiación y los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En contrapartida, el organismo dependiente del Ministerio de Economía quiere poner en valor las ayudas institucionales, al punto que fuentes conocedoras apuntan al nombramiento de un consejero como pieza clave para desbloquear esta enquistada situación.

Entretanto, la firma de ingeniería sigue en 'stand by'. Abengoa no consigue sacar adelante su plan de reestructuración en plena parálisis de las conversaciones. El ICO debe dar luz verde a la nueva configuración del rescate y aportar, como estaba previsto, el aval al 70% para la nueva financiación de 203 millones de euros que había sido preaprobada en agosto. Adicionalmente a esta cantidad, la Junta de Andalucía debía aportar otros 20 millones de euros que nunca llegaron, ya que el Ejecutivo de Juanma Moreno alegó no contar con una fórmula jurídica válida para ello. Tras varias semanas con la negociación casi paralizada y con un conflicto político de fondo, fuentes del Ejecutivo apuntan a la necesidad de que participe el Gobierno regional andaluz para desbloquear la situación mientras que otras fuentes conocedoras constatan la intención del Ejecutivo central de conseguir un control institucional sobre la futura compañía. 

La firma del acuerdo que el pasado verano se prometía cercana saltó por los aires cuando a unas horas del final del plazo el Gobierno de Juanma Moreno se negó a aportar la cuantía prometida. Tras este movimiento, Abengoa barajó varias opciones para conseguir cerrar el plan de reestructuración que iban desde que fuese el ICO el que aportase los fondos, que lo hiciese Santander o que incluso llegase a entrar la SEPI a través del fondo de rescate para empresas estratégicas. Actualmente, y según fuentes de las negociaciones, la opción de la entidad de Ana Botín es la que cobra más relevancia, pero sea como fuere, el Gobierno central tiene que aprobarlo. 

"Debe pronunciarse cuanto antes", instan fuentes de las negociaciones ante la situación financiera límite en la que se encuentra la sociedad, pues Abengoa ni siquiera ha presentado aún las cuentas de cierre de 2019 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los acreedores de la sevillana apuestan por evitar dilatar en el tiempo lo que consideran la opción más factible para el rescate, si bien el plazo actual se extiende hasta el próximo 1 de febrero. 

Más allá de las tensiones que surgen en esta parte del plan de reestructuración -entre acreedores y gobiernos-, existe otro frente abierto que encarnan los accionistas minoritarios. Los propietarios de títulos sindicados a través de AbengoaShares, bajo el mando de Clemente Fernández, expresidente de Amper, rechazan por completo el plan de Urquijo para reflotar la compañía y solicitan desde hace semanas la convocatoria de una nueva junta de accionistas de la matriz para que los actuales consejeros -Margarida Smith y Juan Pablo López-Bravo, que llegaron al poder gracias a sus votos y decidieron apoyar el plan de la dirección saliente- cesen en su cargo. 

Además solicitan, tras conseguir un porcentaje superior al 16% del capital de la matriz gracias a la sindicación de acciones, que les sea otorgada una silla en el consejo de administración para incluir un consejero dominical. Ninguna de estas peticiones ha sido atendida y, según fuentes conocedoras, tampoco han conseguido sentarse formalmente con los acreedores o el Gobierno en las últimas semanas pese a que han señalado en varias ocasiones que tienen el brazo tendido. 

El papel clave del Estado

Además de las aportaciones en forma de avales que debe realizar el Estado, cabe recordar que la Secretaria de Estado de Comercio -dependiente del Ministerio de Industria- ostenta una participación del 2,39% en la quebrada matriz. En concreto, posee, a través del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), dependiente del CESCE, más de 544 millones de acciones de la compañía divididas en sus dos tipos, unos 48 millones de la clase A -que tienen 100 derechos de voto por cada una de ellas- y casi 500 millones de títulos de clase B, con un derecho de voto por unidad. 

Todas ellas fueron adquiridas a finales de 2017 de diferentes bancos, entre los que destacan Caixabank, HSBC, Bankia, Santander, Credit Agricole, Societé Generale y el ya extinto Popular, por casi 7,5 millones de euros. Desde entonces, la compañía sevillana se ha enfrentado a varias reestructuraciones y la banca ha vuelto a meterse en faena y rema para que el rescate llegue cuanto antes a su fin. "Sin el ICO no hay solución", señalaban fuentes financieras el pasado mes de julio al tiempo que añadían que la participación del organismo público era "totalmente necesaria" para lograr sacar adelante la reestructuración. Inamovible desde entonces, los acreedores mantienen la misma postura y piden evitar que la empresa siga "perdiendo fuelle" y consiga salir a flote cuanto antes.

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